El Congreso aprueba multas de un millón de euros para quien incumpla la ley alimentaria

El Congreso ha convalidado el real decreto que reforma la ley de la cadena alimentaria de 2013, que se encontraba ya al límite de los plazos legales parlamentarios. Estas medidas ya entraron en vigor el pasado 25 de febrero, pero necesitaban su ratificación, algo que se logró con los votos a favor de todos los partidos, salvo ERC, JxC y la CUP, que se abstuvieron. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido que este decreto busca garantizar que los agricultores y ganaderos reciban precios justos, que cubran en su totalidad los precios de producción y que se elimine y se sancione la venta a pérdidas.

El ministro abundó aún más en sus objetivos y anunció ante el Pleno que el Gobierno, “de forma inminente”, aprobará un proyecto de ley para transponer en su totalidad la directiva europea de prácticas desleales. Entre los principales cambios aprobados, Planas destacó la formalización por escrito de los contratos de venta en los que deben figurar los costes de producción -“para garantizar un precio justo”-; la prohibición de la venta a pérdidas -“para evitar la destrucción de toda la cadena alimentaria”-; se regulan las campañas comerciales “engañosas, “porque destruyen la reputación y el valor de los productos”, y se amplían y endurecen las sanciones por incumplir la nueva normativa. Será la Agencia de Control Alimentario, que ya anunció el ministro que será reformada y potenciada, la que aplique las sanciones, que irán de los 3.000 a los 100.000 euros en caso de que sean graves, y entre 100.001 y 1.000.000 de euros las muy graves.

Las principales organizaciones agrarias -Asaja, COAG y UPA- ya respaldaron las medidas del Gobierno, aunque criticaron abiertamente que los objetivos que se pretendían alcanzar eran “insuficientes” para solucionar el problema estructural del sector. Por su parte, las patronales de la distribución -Anged, Asedas y ACE- mostraron sus discrepancias con algunos aspectos de este decreto, pero dejaron claro que “somos parte de la solución de los problemas” de los agricultores, por lo que “hemos aplicado desde el primer momento las medidas recogidas en el decreto”.