Estado de alarma

Del ataque a sanitarios al acoso a trabajadores de Empleo: “Sois unos sinvergüenzas”

La desesperación ante unas ayudas que no llegan ha provocado un clima de hostilidad hacia los funcionarios del SEPE. El CSIF pide más seguridad o las oficinas no se abrirán

España pierde casi 950.000 empleos desde mediados de marzo por el COVID-19
Una mujer espera ante una oficina de empleo en Madrid.Rodrigo JiménezAgencia EFE

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha denunciado el clima de hostilidad que se está generando hacia el colectivo de funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ante el retraso que se está produciendo en la totalidad el pago de prestaciones que sufren los ciudadanos, especialmente en los inmersos en ERTE.

Tal es así, que se han empezado a producir episodios puntuales de acoso a personal funcionario a la entrada de las oficinas del SEPE por parte de algunas personas que expresan así su profundo malestar y frustración. Así ha ocurrido, por ejemplo en la oficina de la calle Mateu Enric Lladó, de Palma de Mallorca, donde incluso se ha tenido que avisar a la policía varios días. Y no es un episodio puntual, se reproduce en algunas otras provincias.

María Fernández, funcionaria del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), en Palma de Mallorca fue insultada al acudir a su centro de trabajo: “¿Eres del paro? ¡Sinvergüenzas!” le gritaron, un incidente que la propia funcionaria - tal y como afirmó en una entrevista a A3Noticias- achaca a la desesperación. Muchos ciudadanos siguen sin cobrar ayuda y se sienten frustrados cuando desde empleo no responden a sus ingentes dudas.

Desde UGT también denuncian el miedo de estos funcionarios: “Han insultado y aporreado las puertas de las oficinas en varias provincias de España”.

Ante esta situación, CSIF reclama al Gobierno el refuerzo de las plantillas de manera estructural y permanente, como ha venido denunciando desde la crisis de 2008, porque las incorporaciones de personal interino no son la solución al grave problema de gestión que acarrea desde hace ya varios años y, con más motivo, desde la crisis anteriormente referida.

Las oficinas están cerradas desde que comenzó la crisis y se atiende de manera telemática a los usuarios. Pero ante la ingente cantidad diaria de consultas el sistema está colapsado, dado que está diseñado para gestionar un número máximo de llamadas y cada día hay cientos de miles de desempleados llamando al mismo tiempo.

Además, CSIF solicita de manera perentoria garantías de seguridad ante la apertura de las oficinas del SEPE a los usuarios, no solo en lo que respecta a las sanitarias, ya que muchas de estas unidades no cuentan con servicio de vigilancia al ser competencia de las comunidades autónomas.

Se podría retrasar la apertura

Sin estas premisas, la plantilla del SEPE se opone frontalmente a los planes de apertura de las oficinas a partir de la fase 2 de la desescalada y exige que dicha apertura sea consensuada con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.

En base a estas las exigencias, el SEPE nos traslada que no se procederá a la apertura de las oficinas de prestaciones en la fecha indicada, poniendo desde esa parte los medios para garantizar la seguridad en todos los órdenes y nunca antes de estabilizar el abono de las prestaciones pendientes de trámite y abono al conjunto de desempleados que todavía no ha habido posibilidad de tramitar”, concluye el comunicado el CSIF.

Empleo preveía esta situación

Esta situación se veía venir y de hecho a finales de abril el Ministerio de Empleo suscribió una póliza de seguros colectiva para los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) destinados en las oficinas de prestaciones. Mediante dicha póliza, se ofrece a los empleados de estas oficinas asistencia letrada específica, garantizando los gastos judiciales y las reclamaciones de daños y perjuicios ante daños corporales, insultos, amenazas, intimidaciones o coacción, daños materiales al vehículo de su propiedad o perjuicios patrimoniales.