El colapso de las ITV continúa, con listas de espera de hasta dos meses

Largas colas de vehículos frente a las instalaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), semanas de espera por la cita previa –con un retraso de hasta casi dos meses según la región en la que se pretenda pasar la inspección–, esperas tediosas bajo el sol y la amenaza sobre millones de conductores que ven como la fecha límite de su ITV va a caducar antes de la fecha de la cita previa otorgada para la inspección pese a las prórrogas concedidas. Esta situación se ha convertido en algo habitual para los conductores españoles y una imagen que se repite por la toda la geografía nacional ante un colapso de las ITV que no cesa casi dos meses después del fin del estado de alarma. Aunque la situación ha mejorado en las últimas semanas, la situación está muy lejos de normalizarse, reconocen fuentes de los centros de inspección.

El Gobierno aprobó el pasado 7 de julio una nueva prórroga de tres meses de la validez de los certificados de la ITV que caducasen entre el 21 de junio y el 31 de agosto, que se sumó a la ampliación que ya se llevó a cabo el pasado mes de mayo para los vehículos cuya fecha de inspección se encontrara comprendida durante el estado de alarma en quince días naturales por cada semana transcurrida desde el inicio de ese periodo hasta que se hubiera producido el vencimiento. Este decreto alivió la preocupación de millones de conductores, pero muchos de ellos ya no consiguen cita previa antes de octubre en algunas regiones, por lo que temen que sus coches queden bloqueados para no ser multados.

Según datos de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (Aeca-ITV), el confinamiento a causa del coronavirus dejó sin poder pasar la ITV a unos cinco millones de automóviles en España, lo que ha provocado un tapón inspector de más de tres meses –los que abarcan el confinamiento de parte marzo, abril, mayo y parte de junio– en el número de conductores que debían haber llevado sus vehículos a examen para recibir la etiqueta que acredita que pueden seguir en circulación.

Por esta razón, las concesionarias decidieron tomar medidas de choque. Algunas han ampliado sus horarios, otras mantienen la jornada continua para no cerrar al mediodía y la mayoría ha decidido ampliar sus plantillas, para tener mayor capacidad de recepción de vehículos. En este sentido, Aeca ha indicado que se han ampliado entre un 10% y un 15% los horarios y han incrementado entre un 10% y un 35% sus plantillas. Así, estas medidas han permitido que el número de inspecciones se haya incrementado alrededor de un 21% en toda España, aunque estos datos varían dependiendo de las comunidades autónomas. En algunas de ellas, los propietarios de vehículos deben esperar hasta dos meses –según la provincia– para tener cita previa, aunque reconocen que la situación «está mejorando poco a poco». La peor parte se la llevan los centros situados en localidades de menos de 100.000 habitantes, ya que absorben el flujo de vehículos de todas las poblaciones a su alrededor, lo que colapsa la cita previa.

Pero la situación puede empeorar según la zona de España en la se encuentren los conductores. Por ejemplo, los centros de inspección técnica de vehículos gestionados por la Consejería de Movilidad de la Junta de Extremadura ya no dan cita ni siquiera para este año. Cáceres, Mérida, Trujillo y Navalmoral no tienen citas disponibles hasta 2021. En algún caso extremo de centros 100% públicos la espera puede demorarse hasta un año. Por esta razón, los conductores extremeños están acudiendo en masa a los centros concesionarios de gestión privada, en los que pueden encontrar citas libres a partir de mediados de septiembre. «Se irán liberando citas porque muchos no confirman», se defienden desde la Junta.

En cuanto a los vehículos profesionales de transporte por carretera, el aumento de inspecciones se cifra en un 52% gracias a la prioridad que las estaciones de ITV han facilitado a los transportistas y vehículos de servicios esenciales para facilitar su circulación. Según el último decreto, «mientras esté vigente esta prórroga, las empresas de transporte público de mercancías y de viajeros titulares de una licencia comunitaria tendrán preferencia en el paso por la inspección técnica periódica en las estaciones ITV».

Precisamente son los profesionales del transporte los que han reiterado sus protestas al Ministerio de Industria por no haber rectificado la normativa respecto a las fechas de validez de la inspección. El problema que denuncian es que tras pasar la ITV se toma como referencia para el siguiente examen técnico la fecha de validez que conste en la tarjeta oficial –que corresponde a la fecha de vencimiento original– por lo que no se computan los tres meses de la prórroga por el estado de alarma. En consecuencia, la fecha para la próxima inspección que figure en la pegatina será la del día en que debería haberse pasado la ITV si no hubiera habido estado de alarma, y no la del día en que finalmente se ha pasado, acortando su plazo de vigencia y obligando a volver a acudir a las estaciones de ITV y pagar una nueva revisión en menos tiempo del necesario.

Todas las asociaciones del sector han exigido infructuosamente al Ministerio que reconsiderara y rectificara esta resolución, y siguen sin obtener una respuesta. «Esta medida solo beneficia a las ITV y al Estado». En el caso de los vehículos profesionales, la situación es más flagrante, ya que tendrían que pasar una nueva revisión técnica en apenas tres meses. Este es el caso de los camiones –tanto los ligeros como los pesados– de más de 10 años de antigüedad, autobuses, taxis y ambulancias de más de cinco años de antigüedad. Todos ellos deben pasar la ITV cada seis meses.

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) sigue esperando respuesta a su denuncia de que este sistema beneficia a las estaciones de inspección y perjudica a los titulares de los vehículos. «Lo adecuado habría sido conceder a las inspecciones nuevas el plazo de validez establecido para todas y no hacerlo desaparecer para sustituirlo por el que corresponda a la inspección que debió pasarse». Por ello, y después de que el Defensor del Pueblo les diese la razón en sus quejas, el Comité ha elevado una queja a la Comisión Europea para que se la haga llegar al Gobierno español, al que exige que se ajuste al reglamente europeo, que el pasado 25 de mayo estableció una prórroga de siete meses para las inspecciones que hubieran tenido que llevarse a cabo entre el 1 de febrero y el 31 de agosto de 2020, así como para la validez de los certificados con fechas de caducidad comprendidas en tal plazo de tiempo. El problema es que este reglamento recoge en una de sus cláusulas que los estados miembros que hubiesen adoptado medidas nacionales adecuadas para paliar esas dificultades están autorizados para decidir no aplicar la ampliación de plazos establecida, algo a lo que se agarró el Gobierno español, que aún no ha dado una solución.

Algunas organizaciones agrarias, como UPA, han pedido al Ministerio de Industria que no se contabilice el tiempo del confinamiento para la ITV de los vehículos agrarios y que el plazo de validez de las inspecciones se realice sin descontar el periodo de prórroga extraordinaria. Como en el caso de los transportistas, hay agricultores y ganaderos que se ven obligados a pasar dos veces de forma casi consecutiva la inspección de sus vehículos agrarios en apenas seis meses. Esto sucede en los casos en los que al titular de un vehículo agrario le ha caducado su tarjeta en el periodo que va del 10 de marzo hasta el inicio de la apertura de las ITV. «No entendemos por qué tienen que pasar la inspección dos veces en un periodo de tiempo muy corto. Es una sinrazón que las ITV se vieran obligadas a parar pero los plazos no lo hayan hecho».