Hacienda aprieta la soga a los autónomos: descuenta los aplazamientos de las devoluciones de la declaración

Los pequeños negocios viven desde hace casi medio año una pesadilla de la que son incapaces de despertar. La desescalada apenas ha logrado mejorar las ventas en buena parte de los sectores y la facturación se haya aún muy por debajo de los niveles anteriores al coronavirus. A esto se suma la inminente amenaza de los rebrotes y un segundo confinamiento en otoño, que sería la puntilla para buena parte del tejido empresarial español. Aunque la pandemia ha afectado a todos los estratos empresariales, son las pequeñas y medianas empresas, en muchos casos negocios familiares que ya iban justos antes del virus, los que peor lo están pasando. En esa batalla por sobrevivir, la liquidez es un bien preciado y escaso, que puede significar la diferencia entre poder levantar la persiana de nuevo o echar el cierre definitivamente.

Y es aquí donde los autónomos han recibido un nuevo golpe por parte de Hacienda, que les corta las alas a muchos de ellos. Aunque los aplazamientos en el pago de las deudas tributarias fueron bien recibidos en primavera, ahora el fisco está compensando ese beneficio descontando los importes aplazados de las declaraciones del IRPF que salen a favor del contribuyente. «O lo que es lo mismo, lo que por un lado Hacienda te da, por otro lado te lo quita», se quejan desde Fenadismer, la patronal de los transportistas, donde buena parte de sus asociados son autónomos. Señalan que «tal medida estrella tenía oculta una sorpresa inesperada, de la que no fueron advertidos los que la solicitaron y que en la práctica deja sin efecto el objetivo de dotar de algo de liquidez a los que se acogieron a la misma».

Corromper la medida

Para esta asociación «resulta inadmisible que, en la actual situación extraordinaria de falta real de tesorería que sufren cientos de miles de autónomos y pymes, la Agencia Tributaria haya procedido con nocturnidad y alevosía a compensar los aplazamientos tributarios, ya que ello supone corromper completamente el espíritu de una medida excepcional prevista para ayudar en lo posible a autónomos y pymes a hacer frente en lo posible a la grave situación económica que atraviesa nuestro país».

Desde ATA, la principal asociación de trabajadores por cuenta propia, señalan que se trata de una práctica habitual en los aplazamientos tributarios ordinarios. Su presidente, Lorenzo Amor, reconoce no obstante que hubiese sido deseable un gesto de Hacienda en este sentido, al tratarse de una situación excepcional. «Esto es algo normal, siempre lo ha hecho. El problema es que este año hay menos liquidez», dijo a este diario. Amor pidió al Gobierno que suspenda «de manera inmediata» la cotización de autónomos y trabajadores de todas las empresas y actividades afectadas por el cierre forzoso del ocio nocturno decretado, además de que reactive la prestación extraordinaria de cese actividad por fuerza mayor. «¡Ya van tarde!», afirmó en Twitter. «Son muchos los autónomos que viven de este sector», que da empleo a más de 40.000 trabajadores por cuenta propia.

En la misma línea se pronunció la asociación de autónomos Upta, que denunció que las ventas en el comercio han caído un 60% con respecto a la primera quincena de agosto de 2019. «Ni la pequeña hostelería se salva de la situación, la facturación se ha reducido en un 50% esta temporada. Más de 200.000 autónomos vinculados al sector de la restauración están abocados al cierre forzoso desde este lunes», se lamentaron.

Desde Hostelería de España consideran que «no se puede responsabilizar a un sector y centrar todas las actuaciones sobre el mismo, sin contemplar en ningún momento medidas compensatorias», pese a que supone el 6,2% del PIB y da empleo a 1,7 millones de personas. Apunta que la caída de la demanda que sufre la hostelería supone que un 20% de los negocios no ha podido abrir todavía, y estima que de aquí a final de año unos 65.000 establecimientos hosteleros cerrarán definitivamente. Esto supondrá una pérdida de empleos, entre directos e indirectos, de entre 900.000 y 1,1 millones. «Situación que puede empeorar si siguen regulando en la línea de lo anunciado y sin contar con el sector».