El mal “parto” del Ingreso Mínimo Vital

La lentitud en la gestión y aprobación de los expedientes, la falta de personal, los posibles errores de la Seguridad y el temor al “silencio administrativo” agravan día a día la precaria situación de los solicitantes del IMV

El Ingreso Mínimo Vital era para muchas personas que venimos luchando desde hace años porque no haya hogares sin ingresos como ese niño tan deseado. Y estábamos muy felices y contentos cuando se anunció el “embarazo” el 29 de mayo de 2020 (fecha de aprobación del decreto) con rueda de prensa del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, donde nos explicaban los detalles y lo importante que era la conquista de este nuevo derecho social.

Efectivamente era y debe de ser un gran logro para el “Estado de Bienestar”, para nuestra sociedad... Pero tal vez porque fue un Ingreso Mínimo Vital aprobado con la urgencia que para los políticos marcaba el estado de alarma (la urgencia ya existía hace años para los 600.000 hogares y el 1.250.000 personas desempleadas sin ningún ingreso) el caso es que el “bebé” nació prematuro y ya se vio desde el momento del “parto”, desde el 15 de junio que se pudo empezar a solicitar, que el “bebé” vino al mundo de prisa y corriendo y que su vida no iba a ser fácil.

Se anunció que quienes tuvieran hijos menores y cobrasen la ayuda de “los puntos” lo recibirían de oficio el 26 de junio. Pero de 250.000 familias con menores solo lo recibieron 74.100. Las otras 175.000 familias perdieron 15 días (y más) en solicitarlo esperando si les llegaba “de oficio”. Desde que se abrió la web para poder solicitarlo (15 de junio) se vio que tramitarlo no iba a ser tan sencillo como había anunciado el Ministro Escrivá. No todas las personas tienen la capacidad intelectual suficiente (algunas personas no saben leer o escribir) para interpretar el documento de solicitud y las preguntas (como se demuestra ahora que se empiezan a ver solicitudes denegadas por errores a la hora de marcar casillas), como por cuestiones técnicas (no todas las personas tienen ordenador, internet para acceder a la web de la Seguridad Social o un teléfono que les permita subir documentos, imágenes...).

No sirve eso que decía el ministro: “Que pidan ayuda a las ONGs para tramitarlo”. La ayuda, hasta para rellenarlo, deben de darla los propios funcionarios de la Seguridad Social. Para ello se debe dar más asistencia personal (no se entiende que esté casi todo abierto sin cita previa menos los organismos públicos) y si es necesario aumentando la plantilla de funcionarios (es justo reconocer que si ya tenían trabajo con las pensiones, altas y bajas de trabajadores y otras gestiones ahora se les ha ampliado el volumen de trabajo con el Ingreso Mínimo Vital). Lo que no parece que haya sido suficiente ha sido contratar una empresa pública (Tragsatec) que además de costar unos cuantos millones ha recibido denuncias públicas en los medios de comunicación de algunos trabajadores de recibir órdenes de paralizar solicitudes perfectas.

Las personas que han sido capaces de hacer sus solicitudes por si solos, con la ayuda de otras personas, ONGs, algún partido o incluso pagando un gestor (hogares sin ingresos buscando dinero como sea para pagarlo) se encontraron con la gran cantidad de requisitos. Está claro que la forma más fácil de eliminar beneficiarios es poner la mayor cantidad de requisitos posibles: a más requisitos menos beneficiarios y menos gasto presupuestario.

Temor al “silencio administrativo”

Esos requisitos están provocando, junto con errores de la Seguridad Social que aún no sabemos si son fallos informáticos, de los robots o del cruce de datos con la Agencia Tributaria, que hasta el 7 de agosto, solo se hubiesen aprobado 3.966 solicitudes en información facilitada por Transparencia de la Seguridad Social a la Asociación Víctimas del Paro y que esa cifra solo aumentase, el 17 de agosto, hasta las 6.000 solicitudes aprobadas junto a 32.000 denegadas. Es decir, desde el 15 de junio al 17 de agosto, en dos meses, solo 6.000 solicitudes aprobadas de 750.000 solicitudes enviadas.

Solicitantes a los que además del sufrimiento de no tener ingresos suficientes, se les une ahora la ansiedad y el estrés que produce ver que pasan los días, las semanas y los meses y no saben qué pasa con su solicitud. Los afortunados que tienen código para consultar su estado ven que no pasa de “en estudio”. Y a medida que se acerca el plazo de los 90 días aumenta en ellos el temor que a partir del 15 de septiembre se empiece a aplicar el “silencio administrativo”.

Considero que un gobierno progresista debe de hacer todo lo posible para garantizar una vida digna a toda la ciudadanía, asegurando trabajo (vaya si se podría hacer un Plan Estatal de Empleo y Actividad para todas las personas desempleadas) o al menos que no haya hogares sin ingresos. El Ingreso Mínimo Vital es una gran medida, si se hace bien, y ello es posible con menos requisitos, menos trámites, más atención personalizada, más presupuesto... Para que haya más beneficiarios.

Hay un detalle muy importante que debemos recordar a todas las personas: aunque el “parto” del Ingreso Mínimo Vital no haya sido como nos gustaría, posiblemente otro gobierno ni lo hubiese aprobado y como prueba ahí están esos gobiernos autonómicos que no han perdido ni un segundo en parar sus rentas mínimas para que no se puedan complementar con el Ingreso Mínimo Vital.