Trabajar después de los 65 años no compensa

El ministro Escrivá prepara nuevos incentivos para acabar con las jubilaciones anticipadas. El Banco de España pide reformas «creíbles» para financiar las pensiones si el Gobierno opta por ligarlas definitivamente al IPC

Reformas estructurales para salvar el sistema de pensiones. Eso es lo que ha vuelto a pedir alto y claro el Banco de España, que estima que su sostenibilidad a medio y largo plazo está en entredicho si no se toman medidas y se afrontan «cambios estructurales», sobre todo cuando el país debe capear un contexto económico «muy complicado» por culpa de la pandemia –estimó en el peor de los escenarios una caída del PIB del 12,6% y una deuda pública del 120% este año–. Así de contundente se mostró durante un encuentro informativo organizado por la Fundación Edad & Vida el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, que consideró que la mejora del sistema debe pasar por optimizar la tasa de empleo y por realizar cambios que minimicen al máximo el impacto del gasto en el sistema.

Aunque defendió que el Banco de España debe mantener una postura neutral ante los legisladores, sí que se atrevió a poner sobre la mesa tres de las recetas que a su juicio deberían tenerse en cuenta de cara a una próxima reforma que logre la sostenibilidad de las pensiones: incrementar ingresos a través de las cotizaciones sociales –aunque reconoció que son las más altas de la UE–, elevar algunas figuras impositivas –aunque debe de hacerse «con criterio» porque puede «incidir negativamente en el mercado laboral»– y retardar las jubilaciones –pese a que los incentivos «son prácticamente nulos»–.

A pesar de que las reformas aprobadas en 2011 y 2013 tuvieron un gran efecto en el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera, Arce recordó que la suspensión de algunos elementos de estas reformas –como la supresión de la tasa de sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones– hace necesario introducir nuevas medidas, más allá de la mejora del empleo y de la recaudación, puesto que esto solo compensaría parcialmente la presión demográfica.

A la espera de que el Pacto de Toledo aporte sus recomendaciones, que están «claramente» encaminadas al mantenimiento del poder adquisitivo –respaldado casi sin fisuras por todos los partidos con representación parlamentaria–, Arce estimó que si se vincularan definitivamente las pensiones al IPC esto supondría un aumento del gasto en cerca de dos puntos porcentuales del PIB en el año 2030 y hasta más de tres puntos en 2050, justo cuando la «generación babyboomer» haya completado su retirada. «Me parece absolutamente legítimo que se opte por la decisión de mantenerlo, pero las decisiones que conlleven mayor gasto a largo plazo deben llevar aparejadas otras que garanticen de forma automática recursos para financiarlo de forma creíble».

Respecto a prolongar la carrera laboral, consideró que en la actualidad «no hay suficientes incentivos para permanecer en el mercado laboral más allá de los 65 años», situación que «debe mejorar mucho». A juicio de Arce, retrasar la edad de jubilación es un «mecanismo muy potente para equilibrar ingresos y gastos del sistema». La Airef ha estimado que cada año de retraso de la edad efectiva de retiro reduciría el gasto en pensiones en 2048 entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales del PIB. Para el Banco de España, el desafío que plantean las jubilaciones están definidas por factores tan inevitables como una demografía que hace que mientras hoy hay una persona mayor de 65 años por cada tres trabajadores en activo, en el año 2050 la relación será de «una a dos personas o menos de dos». Asimismo, pidió que se revisen los incentivos y la fiscalidad de los productos de ahorro para la jubilación.

El ministro Escrivá ya está preparando con su equipo ministerial de la Seguridad Social un borrador con la nueva reforma de las pensiones, cuyas primeras propuestas presentó a principio de mes ante el Pacto de Toledo y a la espera de sus recomendaciones. La primera, el endurecimiento del retiro anticipado. Lo hará aumentando los coeficientes reductores según el nivel de renta, para evitar que los trabajadores con los sueldos más altos puedan acceder a esta posibilidad sin perder buena parte de sus ingresos futuros. Su intención es evitar en lo posible que sigan aumentando la cuantía de los pagos a los jubilados anticipados, que en la actualidad superan por poco los 330.000 pensionistas, que cobran de media casi el doble que una pensión tipo -2.113,4 euros mensuales frente a 1.160 euros-.

La segunda, tiene que ver con las mejoras y los incentivos -para quienes retrasen el momento del retiro- o las penalizaciones -para los que intenten acortar y anticipar su jubilación antes de tiempo-, que el Ministerio que dirige Escrivá pretende fomentar para conseguir alargar al máximo la vida laboral. El objetivo final es lograr que la edad real de jubilación se aproxime cada vez más a los 67 años, que serán obligatorios en 2027. Tal es el caso de la opción de compatibilizar pensión y trabajo, para lo que se prepara ya la reordenación de los incentivos existentes, con una nueva figura denominada jubilación activa.

La tercera tiene que ver con el objetivo de terminar con el déficit del sistema que, según las propias palabras del ministro, consiste en “reajustar la estructura de ingresos y gastos de la Seguridad Social para que refleje el componente contributivo y se vea que, con el nivel actual de cotizaciones sociales y el gasto en pensiones, el sistema tiene una situación financiera sostenible”. Su intención es sacar de la caja de la Seguridad Social todos los gastos impropios del sistema. Creen en el Ministerio que si se consiguiera reducir el gasto en al menos 8.000 millones “nos daríamos por satisfechos”. Pero esto no resolvería el problema. Aunque se traspasara estos gastos directamente a los Presupuestos Generales, la situación mejoraría pero no se sanearía el sistema, simplemente se traspasaría el problema a otro lado.