La Justicia suspende el pago de los alquileres comerciales si se tiene que cerrar por la crisis

El conflicto abierto entre bares y restaurantes y sus arrendadores ha llegado a la Justicia y desde el sector de la hostelería se espera un goteo de sentencias para dirimir si los primeros tienen derecho a pagar menos por su alquiler -o incluso no pagar- como consecuencia de la pandemia pese a lo que diga su contrato. La pasada semana, un juzgado de primera instancia de Madrid daba la razón a un hostelero y fijaba un recorte del 50 % en el precio a pagar por su local “desde que esté permitida la reapertura”. Pero en su sentencia llegaba aún más lejos y dictaminaba que "mientras no pueda abrir, se acuerda la suspensión del pago de la renta”.

En el ámbito legal la clave radica en la cláusula latina “Rebus sic stantibus”, que permite este tipo de medida cuando se reúnan tres condiciones: que exista una “alteración extraordinaria de las circunstancias”, que haya una “desproporción exorbitante” entre arrendador y arrendatario como consecuencia de ese cambio, y que la situación se deba a algo “radicalmente imprevisible”. “Hay indicios bastante claros de que la situación económica tras la irrupción del coronavirus constituye un acontecimiento de carácter excepcional que puede tener graves consecuencias económicas”, señala la sentencia, que recuerda que el objetivo de bajar la renta es “permitir al negocio superar el bache” también para que pueda “cumplir con la duración del contrato” firmado. Insiste, además, en que lo ocurrido parecía “impensable” en el momento que arrancó la relación contractual, a lo que se suma la dureza de las medidas adoptadas en la hostelería con el fin de evitar los contagios, con meses de facturación a cero.

Contra su decisión cabe recurso, pero desde el sector de la hostelería se considera un buen augurio ante el torrente de casos que según sus estimaciones se resolverán en sede judicial. “Hay una batalla cruenta con una parte de nuestros arrendadores porque no han querido normalizar la situación”, esgrime en declaraciones a Efe el presidente de la patronal Marcas de Restauración, Carlos Pérez Tenorio, quien lamenta que el Gobierno haya dado “la callada por respuesta”. “Actuaron mal, al principio de la pandemia sacaron un decreto de moratoria que sólo aplazaba los pagos pero no arreglaba el problema. Debería ser un tema similar al de poder aplicar la causa de fuerza mayor en los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE)”, defiende. Pérez Tenorio subraya que no se trata de una medida “que tenga coste para las arcas del Estado” y recuerda que el Ejecutivo sí ha decidido, por el contrario, legislar en el caso de los alquileres residenciales para evitar desahucios.

En la hostelería, de un lado están aquellos que dejaron de pagar sus rentas cuando se decretó el cierre total de los locales -salvo para ofrecer el servicio de comida a domicilio-, entre marzo y mayo, algo que en el caso de las cadenas organizadas fue mayoritario, según la patronal. El problema va más allá debido a las limitaciones de aforo y los horarios vigentes desde entonces, que en líneas generales han provocado un acusado descenso de la facturación. De hecho, la restauración estima cerrar 2020 con entre un 40 y un 47 % menos de ventas que hace un año.

Pérez Tenorio asegura que lo más habitual ha sido sentarse a negociar con los caseros y que una gran parte se han avenido a cooperar bajando las rentas; aun así, advierte de que elevado número de causas pueden contribuir a colapsar aún más los jugados. El cambio de paradigma por la covid-19 deja a los dueños de los locales con menos margen de maniobra, ya que ahora en muchos emplazamientos es más difícil encontrar nuevos arrendatarios ante la caída de tráfico de clientes; no obstante, las grandes cadenas organizadas tampoco se pueden permitir el lujo de perder demasiadas tiendas para no dar ventaja a la competencia. Fuentes del sector apuntan el caso de grandes gestores de centros comerciales, ya que varios han decidido llegar hasta los tribunales; en julio un grupo de ellos admitió no haber alcanzado acuerdos con el 37 % de sus arrendatarios y rechazaron “soluciones desequilibradas” ante la amenaza de quiebra para algunos de ellos.