La pensión de jubilación se calculará con los 25 mejores años de cotización

Las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones están listas. Los portavoces se reunirán el viernes 23 para ultimar los últimos detalles y la votación se producirá probablemente el martes 27, después del debate de la moción de censura presentada por VOX, el 21 y 22 de octubre.

Una de las novedades será la posibilidad de elegir los mejores 25 años de cotización para hacer el cálculo de la pensión, con el fin de mejorar las prestaciones de aquellos trabajadores que han pasado por períodos de bajos salarios.

El Pacto de Toledo también pide medidas para incentivar que la edad de jubilación real se acerque a la edad legal, así como para compatibilizar trabajo y pensión. En este sentido, el Gobierno incluye en el plan presupuestario enviado a Bruselas la necesidad de utilizar incentivos para la demora en la jubilación, al mismo tiempo que se desincentivan las jubilaciones anticipadas.

Entre las recomendaciones se recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización, emplazando al Gobierno a identificar en tres meses qué excepciones podrían darse para esas penalizaciones, especialmente cuando la jubilación hubiera sido forzosa por la crisis. En este sentido, los portavoces también han analizado reformar los coeficientes reductores que penalizan las carreras de jubilación de más de 40 años cuando se ha producido una prejubilación.

Por ahora, se aparca la recomendación para alargar más allá de los 67 años la vida laboral con carácter general, una propuesta del ministro Escrivá que había desatado el recelo de Podemos.

Otras recomendaciones del Pacto de Toledo van dirigidas a las pensiones de viudedad, ya que insta a no discriminar a los colectivos de pensionistas que son pareja de hecho y no tienen vínculo patrimonial. “Suprimir toda discriminación injustificada”, señala el Pacto de Toledo para tener derecho a esta prestación.

Asimismo están en línea con la intención del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de que los autónomos coticen por los ingresos reales y piden avanzar hacia un sistema que proteja a los trabajadores por cuenta propia de la misma manera que el régimen general protege a los trabajadores por cuenta ajena.

Todos los partidos ven con buenos ojos que el Estado asuma con cargo a los impuestos y en forma de transferencia de recursos y no de préstamos, para evitar acumular más deudas a la Seguridad Social, los gastos impropios del sistema, como bonificaciones y prestaciones de ayudas a la familia, por hijo a cargo o dependientes, o como maternidad o paternidad.

De hecho, así consta en el plan presupuestario enviado a Bruselas que afirma que la reforma de las pensiones debe ir dirigida a corto plazo a eliminar la incertidumbre y visibilizar la solvencia del sistema.

“Es preciso para ello atajar el déficit contable ¿no económico- del sistema. Reducir la incertidumbre alrededor del sistema de pensiones tendrá efectos económicos positivos al permitir a los agentes adoptar decisiones más adecuadas y permitirá abordar el verdadero problema, común a todos los países desarrollados, que es el envejecimiento poblacional”, señala el plan.