Pensiones: el Pacto de Toledo cierra sus recomendaciones con cuatro años de retraso

El Pacto de Toledo ha cerrado hoy sus recomendaciones dirigidas a garantizar la sostenibilidad y suficiencia del Sistema de la Seguridad Social, tras cuatro años de debates, ya que los trabajos para renovar las propuestas se iniciaron en septiembre de 2016. A partir de que se bendiga estas recomendaciones por el pleno del Congreso de los Diputados el próximo martes, el Gobierno tendrá vía libre para dejar de pagar a cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social las prestaciones no contributivas.

La Mesa y Portavoces de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo se ha reunido este viernes para acordar que la veintena de nuevas recomendaciones, casi cerradas en 2019, serán ratificadas el martes 27 con un debate abierto y con un texto que recogerá la esencia de las propuestas y que ahondará en la separación de las fuentes de financiación.

La Comisión busca la unanimidad de todos los partidos políticos, aunque algunas formaciones como el PP han vinculado su apoyo a que el Gobierno se comprometa a pactar con patronal y sindicatos en la Mesa del Diálogo Social el nuevo mecanismo por el que los autónomos cotizarán por sus ingresos reales, informa Efe. Otros diputados del Pacto de Toledo han señalado que ERC podría abstenerse en la votación del martes y que también podría haber formaciones, como el PP y VOX, que pudieran presentar algún voto particular durante el debate de las recomendaciones en el pleno del Congreso.

La Comisión del Pacto de Toledo fue creada el 6 de abril de 1995 bajo el epígrafe: “Análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse” y tiene el mandato de renovar las recomendaciones sobre el sistema de pensiones cada cinco años.

Entre las principales aportaciones del nuevo Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas.

Este consiste en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social, una medida ya comprometida por el Gobierno para las cuentas públicas de 2021. Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.

Jubilaciones anticipadas

Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión --hasta 25 años en 2022--, pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión. Finalmente, además respalda medidas para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización.

En este caso, el Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, y a presentar al Pacto de Toledo sus propuestas para aquellos para supuestos de inequidad, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización. Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras.

Planes complementarios

Respecto a los planes complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo hace una apuesta por los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas.

Por otro lado, la Comisión también reconoce, en una recomendación sobre la digitalización de la economía, la necesidad de afrontar los efectos de los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo y en los ingresos del sistema público de pensiones, planteando la necesidad de “encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales”.