La tregua pactada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para cerrar entre ambos socios de Gobierno la cuentas públicas para 2021 parecía haber calmado los ánimos entre los ministros de PSOE y de Podemos.

Pero nada dura eternamente, aunque en este caso apenas han sido unos días. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiso lanzar ayer un mensaje claro y envenenado al titular de Asuntos Sociales, tras recomendar a los periodistas que deben «escuchar» a su departamento en lo que se refiere a los aspectos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y no a otros ministerios –en clara referencia al de Pablo Iglesias– porque hay «mucho ruido sobre este tema.

Le sugiero que en cuestiones de detalles sobre el IMV nos escuchen a nosotros, al Ministerio competente, y seguro que tendrán información precisa sobre lo que se ha hecho y sobre lo que se va a hacer. Hay mucha información no precisa», aseguró Escrivá durante la presentación de las líneas principales de los Presupuestos del Estado relativas a sus competencias.

Este cruce de declaraciones entre ambas facciones se ha intensificado durante la última semana. El pasado martes, Iglesias aseguró que hubo «una pelea dura» dentro del Gobierno a cuenta de las tres enmiendas que forzó a incluir entre los requisitos para acceder a esta prestación antes de firmar las cuentas públicas. Apenas 24 horas después, Escrivá negó esa «pelea» y aseguró que esos cambios eran «cuestiones menores», aunque podrían retrasar aún más la operatividad de las tramitaciones.

El otro punto de fricción se produjo ayer con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que en una entrevista en Antena 3 reconoció que las bajas por incapacidad temporal de padres con hijos en cuarentena preventiva son competencia de Seguridad Social, pero «creo que hablo muy claro, hay que desplegar esta prestación aunque la competencia no sea mía». Recado con una clara dirección. Escrivá, a preguntas de los periodistas, se limitó a señalar que «la competencia es de Seguridad Social». Punto.

En lo estrictamente referido a los Presupuestos, el ministro anunció que tras la presentación por parte del Pacto de Toledo de sus recomendaciones para el nuevo sistema de pensiones, su departamento prepara ya los cambios normativos que sustentarán en el futuro esta prestación. El primero de ellos, un nuevo mecanismo de revalorizaciones de las pensiones conforme al IPC real, en el que cada subida tenga en cuenta la inflación media durante un determinado periodo, «aún por determinar» –dijo–, ya que este deberá concretarse en un acuerdo con patronal y sindicatos en el marco del diálogo social. Este mecanismo será «permanente, predecible y conocido por todos» y deberá aprobarse «lo antes posible». A la espera de contar con esa normativa que fije la subida de las pensiones a la previsión de inflación, la intención de Escrivá es revalorizar las pensiones «sin que provoque la merma del poder adquisitivo» y conforme a los precios, para que el nuevo cálculo sea «un mecanismo fundamental que dé certidumbre a los pensionistas».

Por otra parte, aseguró que el déficit de la Seguridad Social se cerrará a finales de esta legislatura, en 2023. También destacó que se están produciendo unos gastos asociados al coronavirus que deterioran las cuentas de la Seguridad Social y una vez que pasen 2022 y 2023, emergerá la mejora de la situación estructural del sistema y eso «llevará al cierre del déficit en 2023».

Asimismo, anunció que el fondo de pensiones de empleo que promoverá el Gobierno ofrecerá «comisiones asequibles» por debajo del 0,40%, frente a los planes individuales que son «extraordinariamente caros» y a los que restará beneficios fiscales.