Cruzada de la UE contra los abusos de los gigantes digitales

La Comisión Europea pretende poner los cimientos de una nueva era digital en el territorio comunitario, acorde con los retos del siglo XXI. Aunque Bruselas no quiere presentar esta nueva normativa como una cruzada contra los gigantes tecnológicos estadounidenses, lo cierto es que con esta propuesta se quiere poner coto a algunos excesos, en un ámbito en el que la realidad tecnológica ha ido mucho más rápido que la legal y, a veces, se ha impuesto la ley de la selva. «No vamos en contra de nadie», aseguró ayer el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton al presentar una propuesta que ahora debe ser examinada por las capitales y la Eurocámara.

Bruselas quiere actuar en dos terrenos: obligar a estas plataformas a supervisar los contenidos que se vuelcan en la red e incluso eliminar aquellos que sean ilegales y un mayor control de la propiedad en un sector concentrado en muy pocas manos y con prácticas poco claras que dañan a pymes y usuarios. En este segundo ámbito, están previstas multas multimillonarias del 10% de la facturación global e incluso obligar a estos grandes grupos a segregar o vender ciertas unidades de negocio, si se demuestra que incurren en un abuso de su posición de dominio en el mercado y no reaccionan a los requerimientos europeos.

Está normativa está dirigida a las plataformas con más de 45 millones de usuarios en la UE, el 10% de la población europea, a las que la CE define como «guardianes de acceso» que ponen palos en las ruedas a la entrada de adversarios en sector. Para mantener el mercado abierto, estos gigantes de internet no podrán utilizar los datos de los usuarios en su propio beneficio ni restringir el acceso a otros servicios fuera de la plataforma ni a otras aplicaciones o programas.

La última directiva sobre el mercado digital europeo data del año 2000, cuando ni siquiera existían las redes sociales y muchos ciudadanos europeos hacían sus pinitos en internet. Ante el auge de gigantes como Facebook, Twitter y Google al otro lado del Atlántico, Bruselas empieza a enseñar la uñas. A pesar de que estamos en la recta final de las negociaciones del Brexit, Reino Unido ha propuesto también multas multimillonarias para que las plataformas de internet controlen los contenidos ilegales que se vuelcan en la red.

En los últimos años, Bruselas ha emprendido una encarnizada batalla en la política de Competencia a través de multas por abuso de posición de dominio en el mercado a gigantes como Google o Facebook. La última contienda comenzó hace unas semanas con la apertura de una investigación al coloso de comercio electrónico Amazon. Bruselas sospecha que esta plataforma se aprovecha de los datos de otros vendedores en su propio beneficio y favorece a los productos que utilizan sus propios servicios logísticos en la entrega a los consumidores. A pesar de esto, la Comisión Europea no se conforma con estas acciones punitivas. Ahora pretende cambiar las normas del juego: poder actuar con antelación y no cuándo el daño ya ha sido ocasionado. Cuando en plena pandemia el tráfico de internet ha subido como la espuma y Amazon se ha convertido en la alternativa del cierre de las tiendas físicas, el Ejecutivo comunitario considera que es el momento de dar el gran salto adelante.

Además, continúan otros frentes abiertos, como la demanda de EE UU a Facebook por monopolio exigiéndole que venda WhatsApp e Instagram para reducir su tamaño o la imposición de un impuesto a los gigantes digitales, la bautizada como tasa Google. Trump respondió con amenazas ante las pretensiones europeas y los Veintisiete esperan un mayor entendimiento con Joe Biden en la Casa Blanca.

La nueva legislación de la UE pretende obligar a que las plataformas de internet eliminen contenido ilegal, lo que abarca desde la apología del terrorismo, pornografía, discurso del odio o violaciones de los derechos de autor. En caso de incumplimiento, se podrán imponer multas de hasta un 6% en la facturación global. El encargado de la vigilancia será un coordinador nacional que podrá acceder a los datos de estas plataformas. Las compañías deben crear un sistema de trazabilidad para que los reguladores puedan acceder al emisor de esos mensajes. Además, los usuarios estarán más protegidos ante el contenido que llega a sus pantallas. Bruselas quiere que los internautas sepan en tiempo real si la información recibida es un anuncio con intereses comerciales o de propaganda política o quién está detrás del mensaje.