Los coches nuevos, entre 800 y 6.000 euros más caros a partir del 1 de enero

La subida del impuesto de matriculación reducirá las ventas en 100.000 unidades

Un empleado de un concesionario de coches muestra un coche a un cliente
Un empleado de un concesionario de coches muestra un coche a un clienteCIPRI PASTRANO DELGADOLa Razón

A pesar de la petición unánime del sector del motor, el Gobierno subirá desde enero el impuesto de matriculación. La medida provocará, según los empresarios, el hundimiento de la demanda durante el próximo año, una importante pérdida de empleos y un notable incremento de precios.

España será el único país que incrementará los impuestos sobre los automóviles a partir del próximo 1 de enero al penalizar con una subida del impuesto de matriculación a los automóviles que rebasen el límite de 120 gramos de emisiones por kilómetro según las mediciones WLTP establecidas por la UE. El sector calcula en más de 100.000 los automóviles nuevos que dejarán de venderse por la subida de precios. Se calcula que un coche de tipo medio, de los segmentos B y C, que son los más vendidos en nuestro país, verá como su factura final aumenta en unos 800 euros. Esta cantidad puede subir hasta casi 2.000 euros en el caso de un automóvil cuyo precio de catálogo sea de 40.000 euros, suponiendo que no rebase los 120 gramos de emisiones. En un caso extremo, la factura podría subir hasta 6.000 euros. De la subida de la tasa se verán exentos los coches eléctricos, híbridos y de combustibles alternativos (GLP o GNC), ya que están por debajo del límite de los 120 gramos. Pero, según el último informe de matriculaciones, este tipo de automóviles sólo representan el 21% del mercado total.

Las marcas alegan que no pueden asumir en sus cuentas de resultados este incremento de matriculaciones debido a la delicada situación económica actual, lo que les obliga a repercutir la tasa en el precio final.

Empleo

Para el sector, el perjuicio también va a ser notable según alegan los empresarios. Los primeros perjudicados van a ser los establecimientos de la red de distribución, que tienen a más de la mitad de las plantillas en ERTE ante la caída de la demanda. Si ésta no se recupera, las encuestas internas de las patronales indican que, cuando termine la vigencia de los ERTE, tendrán que suprimir la cuarta parte de la plantilla por falta de volumen de negocio, lo que supondría enviar al paro a más de 30.000 trabajadores.

La caída de la demanda podría, asimismo, repercutir a corto plazo en el empleo en las fábricas, que dan trabajo a unas 60.000 personas. El descenso de las ventas ya ha provocado que en el acumulado de los once primeros meses, las factorías españolas hayan disminuido su producción en un 21,7% y se espera cerrar el año con una bajada del 19%. Hay que tener en cuenta que los automóviles que producen las 17 fábricas españolas son en su mayoría vehículos de las gamas medias y bajas, las más afectadas por el incremento impositivo. Y una reducción en la producción arrastraría asimismo a la industria de fabricación de componentes, especialmente importante en España ya que cuenta con un parque de proveedores de gran importancia y con fuertes exportaciones.

A pesar de que en el Consejo de Ministros había quien era partidario de establecer una moratoria, como la titular de Industria, Reyes Maroto, finalmente se impuso el criterio de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, partidaria de subir los impuestos y no conceder ninguna concesión pese a las consecuencias que la medida tendrá sobre la industria y el empleo que los empresarios le han expuesto reiteradamente.