Hacienda prepara su hachazo fiscal a Madrid para enero

Desde hace meses, el Gobierno calienta motores para una subida generalizada de impuestos sin esperar a confirmar si España consigue o no superar la crisis económica actual. Este alza fiscal será el peaje que pague a su socios Podemos y ERC por su respaldo a la investidura de Sánchez y a las cuentas públicas de 2021. Por eso a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no le temblará la mano a la hora de subir en enero del año próximo el Impuesto de Sociedades, incremento concebido en un momento en el que el ritmo de destrucción de empresas se eleva a 69 diarias. Además, en su hoja de ruta fiscal figura también el alza de Patrimonio y Sucesiones, impuestos cedidos a las autonomías, como contrapartida al apoyo dado por ERC a los Presupuestos de 2021.

Los republicanos pusieron como condición sine qua non a ese apoyo la declaración por parte del Ejecutivo de la guerra fiscal a Madrid. Esquerra, que acusa al Gobierno madrileño de practicar «dumping» fiscal, quiere que se pague lo mismo en Madrid que en Cataluña por Sucesiones y Patrimonio. Estos impuestos, que no existe en la mayoría de los países de la OCDE, están bonificados por el Ejecutivo de Ayuso. Esta armonización fiscal que pretende ahora el Gabinete de Sánchez choca frontalmente con el espíritu de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

17 sabios afines al PSOE

Así lo confirmó ayer la ministra de Hacienda momentos antes de que comenzara su andadura el comité de expertos designado por el Ejecutivo (17 especialista afines al PSOE, capitaneados por Jesús Ruiz-Huerta, director de la Fundación Alternativas) para estudiar y proponer una reforma fiscal que retoque en 2022 todas las figuras impositivas. Se trata de suprimir algunas obsoletas, de actualizar otras y de crear algunas adaptadas a un devenir económico diferente en la era postcovid-19. Acto seguido, Montero explicó que la reforma fiscal tratará de evitar que «se dejen vacías de contenido a algunas figuras fiscales», en alusión a Madrid y su bonificación de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones.

Las subidas de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones atenderán a las recomendaciones que trasladen los 17 expertos y se incluirán en el diseño de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que deberán ser aprobados por el Parlamento antes del 31 de diciembre de este año, para que entren en vigor en enero. Aunque estos gurús tendrán de plazo para entregar su reforma fiscal hasta el 28 de febrero, la idea del Ejecutivo es que el comité vaya anticipando recomendaciones sobre los tributos para que el Gobierno las pueda incluir en las cuentas que vienen, con el fin de acortar la brecha fiscal de siete puntos del PIB que separa a España de la media UE. En este escenario, Montero consideró que cada vez toma más fuerza en el debate internacional el papel de la fiscalidad sobre la riqueza y una cierta armonización en el gravamen de Sociedades. En el seno de la OCDE existe un debate sobre la imposición de un tipo mínimo Sociedades a nivel mundial. A esta discusión se ha sumado ahora la Administración Biden. Al Gobierno le gustaría que se pudiera aprobar este mínimo a la «velocidad y al ritmo que permitiera ir todos a una». Sin embargo, es consciente de que se trata de cuestiones que «van lentas». Por eso no descarta adoptarlo unilateralmente.

En este contexto, tras las subidas impositivas que ya han entrado en vigor desde el pasado día 1 de enero, como el alza del IRPF a las rentas más altas, el aumento del Impuesto de Patrimonio a partir de 10 millones o la subida del IVA a las bebidas azucaradas, el Gobierno contempla ahora un tipo mínimo del 15% en Sociedades. Además, cree que las deducciones de este tributo no tienen el rendimiento deseado. De ahí que la reforma fiscal pondrá bajo la lupa los beneficios fiscales a las empresas. Para el Gobierno, algunas de las actuales deducciones son eficientes, otras deben readaptarse, otras desaparecer por obsoletas y, además, se deben crear otras nuevas orientadas a favorecer el medioambiente y la digitalización. Mientras, por exigencia Podemos apuesta por un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas. ERC propuso, en su día, uno de más de un millón con un tipo impositivo del 3%. Además, estudiarán subir más los impuestos especiales que gravan el tabaco, el alcohol y las gasolinas, con un alza del diésel, que pretendía para este año el Gobierno y que el PNV impidió a cambio de su apoyo a los Presupuestos. Una vez más, el Ejecutivo esgrimirá para justificar esta subida la salud de los ciudadanos.