El Gobierno extiende la reducción de beneficios a las eléctricas para nuevos contratos que superen los 67 euros MWh

El Gobierno ha anunciado una mayor intervención del mercado energético con la extensión de la reducción en los beneficios obtenidos por las eléctricas en la generación inframarginal (renovables) por los altos precios del megavatio hora en el mercado mayorista, como consecuencia del desorbitado precio del gas, que suele ser el que determina todo el precio de la luz. Esa “penalización” se aplicará cuando se renueven o firmen nuevos contratos que superen el tope de los 67 euros MWh, según han confirmado fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que esta medida incluida en el real decreto-ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros responde a la confirmación por parte de Bruselas de que, en la actual situación, se han generalizado los conocidos como “beneficios caídos del cielo” o “windfall profits” que cobran las plantas de generación eléctrica que no consumen gas, pero que sí se benefician de los altos precios que marcan en el mercado mayorista los ciclos combinados, cuya materia prima es el gas.

Ribera ha explicado que esto se adapta a lo que estableció la Comisión Europea (CE) y a las conclusiones del último Consejo Europeo, que señalaron que no podía haber retroactividad en esta medida, con lo que solo se recortarán beneficios en la actualización y renovación de contratos que superen esos umbrales, pero no en aquellos que se pudieran haber firmado anteriormente por encima de esos precios.

El Gobierno ya estableció en su decreto-ley de octubre que no podía haber una minoración en los contratos ya firmados. La aplicación de esta minoración ha tenido varios efectos positivos, según Ribera, como que las actualizaciones de precios a los clientes no se han hecho tomando como referencia los del mercado mayorista diario, aunque sí se actualizaba tomando como referencia los precios de los futuros eléctricos.

En este sentido, fuentes del departamento de Ribera ha explicado que el ajuste de los ingresos que percibirán las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, el denominado Recore, pueda empezar a indexarse a los mercados de futuros, para evitar que queden a los vaivenes del mercado diario.

El Recore establece que los ingresos superiores a su rentabilidad máxima del 7,1% tienen que ser devueltos cuando finalice el periodo de tres años, que en este periodo expira a finales de 2022. Pero en lugar de esperar a final de año, el Gobierno pretende que las renovables y la cogeneración ‘devuelvan’ unos 1.800 millones de euros, la diferencia entre las previsiones de precios (48 euros MWh para 2022) y los 200 euros MWh de media actual, para reducir en un 55% los cargos de la electricidad de la factura (con los que se financian las ayudas a las renovables, el déficit de tarifa y el régimen extrapeninsular) y abaratar unos 6 euros el recibo medio.

Sigue topado el alza del gas

Asimismo, el Gobierno ha anunciado que prorroga la prohibición de incrementar la factura del gas en más de un 5% por trimestre para aquellos hogares que tienen contratada la tarifa regulada o TUR, una medida que está en vigor desde octubre.

La Tarifa de Último Recurso (TUR) la pueden contratar consumidores conectados a las redes de gas natural de baja presión con un consumo anual inferior a 50.000 kWh, unos 1,5 millones de hogares y pymes.

El Gobierno aprobó un real decreto el pasado 15 de septiembre para limitar durante el último trimestre de 2021 y el primero de 2022 la subida de la tarifa regulada del gas natural y evitar así que se disparara por el encarecimiento de los precios internacionales del gas natural.

Además, el Ejecutivo ha aprobado ya los cambios normativos necesarios para garantizar una reserva del 90% de la capacidad de almacenamiento de gas de España para el 1 de octubre de cada año, tal y como se acordó en el Consejo Europeo de la semana pasada.

España ya disponía de las reservas estratégicas que otros socios europeos están empezando a constituir, de acuerdo con la nueva estrategia de seguridad energética adoptada por la UE.

Aún así, el Gobierno ha ampliado en siete días y medio el volumen y la disponibilidad de las reservas de gas y productos petrolíferos, fijando unas existencias mínimas de 27,5 días de consumo.

La reserva estratégica se abre

La reserva estratégica se mantiene en 20 días, flexibilizándose su uso: el 50% podrá liberarse por orden del Ministerio de Transición Energética, cuando antes se requería acuerdo del Consejo de Ministros.

Además, los comercializadores tendrán que disponer de 7,5 días de reservas operativas a fecha de 1 de noviembre para encarar la temporada invernal.