El transporte urbano se plantea devolver concesiones por el elevado coste de la energía

El transporte público urbano y metropolitano está “hecho unos zorros”. Es la descripción literal que hace del mismo Jesús Herrero, el secretario general de la patronal que agrupa a las empresas del sector, Atuc. Desde el estallido de la pandemia del coronavirus, las compañías han ido enlazado dificultades que las han colocado ahora al borde del abismo. Hasta el punto de que algunas de ellas se están planteando seriamente devolver algunas de las concesiones a las administraciones públicas correspondientes porque cada vez que ponen un autobús en la carretera o un tren sobre las raíles, pierden dinero.

El sector, explica Herrero, contó durante los meses más duros de la pandemia con el hándicap de ser un servicio esencial que, por tanto, tenía que estar operativo. Las compañías, explica Herrero, no podían realizar un Erte y dejar a sus trabajadores en casa para ahorrar costes como sí hicieron las que otros sectores que fueron considerados básicos. Tenían que seguir operando en unas condiciones de negocio muy adversas. “En marzo [de 2020] los ingresos cayeron un 90%, aunque luego se recuperaron de forma paulatina. El año pasado se quedaron un 30% por debajo de los de 2019 y este pueden situarse en un -15%, aunque a lo mejor es algo menos porque con el fuerte encarecimiento del precio de los combustibles, estamos notando un mayor uso del transporte público”, asegura Herrero.

Sin ayudas

Las compañías pudieron amortiguar este primer golpe gracias a las ayudas públicas que les concedieron en 2020 y que alcanzaron los 400 millones de euros en el caso de los ayuntamientos y los 800 millones en el de las comunidades autónomas. Pero esa misma espiral inflacionista del precio de la energía que está trasvasando viajeros del vehículo privado al autobús urbano o el tranvía está ahogando sus cuentas sin que, hasta el momento, hayan recibido nuevas ayudas como sí han captado otros transportistas. Hace unas semanas, el Comité Nacional de Transporte por Carretera, en el que ATUC está representada, alcanzó un acuerdo con el Gobierno para aminorar los efectos del incremento de los precios de la energía. En dicho acuerdo, se recogía un paquete de ayudas para todas las secciones incluidas en el Comité, tanto transporte de mercancías como de viajeros discrecional y regular. Sin embargo, a pesar de este acuerdo, el Real Decreto Ley del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania, ha dejado fuera al transporte urbano colectivo como beneficiario de las ayudas previstas. Algo que Herrero no comprende. “Teníamos esperanzas de poder recibirlas y nos consta que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) las solicitó. Pero luego no han llegado”, asegura Herrero.

Sin este soporte, con el encarecimiento de los precios de los combustibles y las consecuencias de la crisis derivada de la covid todavía colgando, el sector se ha convertido en “un polvorín” con doce huelgas previstas o ya convocadas, advierte Herrero. Atuc calcula un sobrecoste para este año de 1.367 millones de euros frente al que las compañías están tomando medidas para recortar gastos y seguir a flote. Algunas se plantean medidas tan drásticas como devolver a las administraciones las concesiones para no seguir trabajando a pérdidas. “Otros las están intentando renegociar con los ayuntamientos o las comunidades autónomas. Algunos no pagan las facturas. Y también hay casos en los que se está reduciendo el número de viajes. Porque un 10% menos de viajes es un 10% de ahorro en energía y supone 1,5 puntos menos de pérdidas”, explica Herrero. Los más afortunados, añade, tienen ligados los contratos de concesión a la evolución del IPC y a las administraciones no les está quedando más remedio que aplicar la actualización de los precios.

Aunque quedarse fuera el plan de ayudas promovido por el Gobierno para contrarrestar los efectos de la guerra de Ucrania fue un palo muy duro para el sector, Atuc seguirá insistiendo en pedir una inyección que garantice la viabilidad del sector. Herrero comenta que no deja de ser paradójico que el Ejecutivo que promueve y dice apostar por una nueva movilidad no apoye la solución que debe estar en la base del cambio. “Se está debilitando un modo de moverse que está llamado a ser la solución del futuro”, añade.