Bruselas teme que España diluya la reforma de pensiones

España es el socio europeo más beneficiado por el plan de recuperación comunitario. De hecho, es el único país de la Unión Europea que se encuentra a las puertas del tercer desembolso. En total, España tiene asignados aproximadamente 160.000 millones de euros para inversiones públicas hasta 2026 entre transferencias y préstamos relacionados con los fondos europeos «Next Generation EU». El Gobierno pretende tener lista para octubre la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la que se pretenden movilizar los 7.700 millones de euros de transferencias adicionales a fondo perdido asignadas a España y los casi 85.000 millones de euros en préstamos.

Hasta junio de este año, del total aprobado en los desembolsos, la Administración General del Estado había autorizado gastos para la realización de inversiones por importe de 33.883 millones de euros con obligaciones reconocidas por valor de 23.153 millones. Las regiones son la locomotora en la distribución de estas ayudas, con 15.581 millones destinados a proyectos vinculados a la transición ecológica (renovables, restauración de ecosistemas, movilidad sostenible y rehabilitación energética de edificios, principalmente) y la digitalización (de la administración y las pymes). Además, se han transferido otros 10.000 millones en 2021 y 2022 del fondo React-EU.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, informaba el jueves, al término de la visita de los llamados «hombres de negro» enviados por la Comisión Europea para vigilar la transparencia en la gestión de los fondos y los avances en el desarrollo de los hitos comprometidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para acceder a los próximos desembolsos, de que ya se han autorizado 18.000 millones de euros de los fondos «Next Generation EU» presupuestados para 2022 y que el importe comprometido supera los 15.000 millones, el 54% del crédito total. «Hemos alcanzado velocidad crucero», destacaba Calviño.

Esta percepción es respaldada por la Comisión Europea: el de España es, con Italia, uno de los más «transformadores» de la UE. «España se lo ha tomado como una auténtica oportunidad», indican fuentes de la Comisión Europea. Sin embargo, hay varios peros.

“Seguro que no hay corrupción, pero hace falta más transparencia”

El primero, aunque se reconoce que el plan que debe gestionar el Gobierno es «ingente», las mismas fuentes advierten de que «se podría mejorar en la transparencia» de la gestión de los fondos, de cuyo paradero falta información por las complicaciones para rastrear de forma automática la puesta en marcha de los proyectos ya aprobados. Según la propia Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), hasta julio solo se había ejecutado de forma efectiva el 16% de los fondos autorizados para este año: 17.300 millones de los 28.400 presupuestados para el ejercicio, de los cuales 13.600 millones estaban comprometidos, 9.500 millones figuraban ya como obligaciones reconocidas, y apenas 4.500 millones se habían pagado.

Sobre el destino de esos fondos, 3.000 millones fueron a las comunidades autónomas y el resto se transmitió a organismos públicos como Adif (367 millones) o el SEPE (516 millones). En otras palabras, solo 4.500 millones han llegado a la economía real y Bruselas está preocupada sobre el rastreo efectivo del resto. «El sistema de control es adecuado y estamos seguros que no hay corrupción, pero España puede mejorar en la transparencia», desliza la delegación de la Comisión Europea que ha visitado esta semana Madrid para inspeccionar el desarrollo del plan.

El segundo asunto, que preocupa especialmente a Bruselas es la incertidumbre que sobrevuela las últimas propuestas del Gobierno sobre la reforma del sistema de pensiones. El temor a que el año electoral que encara España diluya la necesidad de establecer mecanismos rígidos de ajuste que contemplen la austeridad en el gasto y garanticen la sostenibilidad del sistema se acrecienta al tiempo que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presenta propuestas en las que en ningún caso se contemplan medidas drásticas.

El mecanismo de ajuste es “troncal”

De hecho, el propio Escrivá reconocía esta semana discrepancias «técnicas» con Bruselas sobre su propuesta para el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Los «hombres de negro» desconfían de que el impacto de la reforma laboral en el incremento de la afiliación y sobre todo de los recursos generados sea suficiente para afrontar los ingentes desembolsos que encara la Seguridad Social, tanto por el impacto de la revalorización de las pensiones con un IPC desbocado en dos dígitos y con visos de permanecer elevado en términos subyacentes, como por el creciente aumento del número de pensionistas (15 millones para 2048).

Escrivá se resiste a plantear un MEI rígido en el que establezca un mecanismo de ajuste automático cuando no haya equilibrio en las cuentas de la Seguridad social y, como sucede desde la crisis financiera de 2008, los ingresos por cotizaciones sean inferiores al gasto en prestaciones contributivas. Una medida automática en caso de déficit del sistema, como quiere la Comisión Europea, obligaría a tomar medidas que implicarían una merma de la pensión, bien al ampliar más allá de los 25 años actuales y cerca de los 35 años el periodo de cálculo de la pensión o bien modificar los requisitos de acceso a la pensión, lo que podría traducirse en otro horizonte en el que se retrasaría la edad legal de jubilación más allá de los 67 años en que quedará limitada en 2027. «El sistema debe de ser sostenible, es una medida troncal del plan español. El sistema no se puede deteriorar y no sabemos si el MEI puede servir. No hemos visto las cifras ni las proyecciones. Si estas cifras no garantizan la sostenibilidad, hablaremos con España», advierten las fuentes comunitarias.