Una tasa a los viajeros frecuentes para que los más ricos descarbonicen la aviación

En pleno debate sobre si alternativas como prohibir los vuelos de corto radio o los privados son herramientas útiles para luchar contra el cambio climático, el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria introduce la posibilidad de gravar con un recargo los billetes de avión. Una opción a la que el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT, por sus siglas en inglés) considera útil, aunque con matices. Un reciente estudio de esta organización sugiere que una fiscalidad progresiva, que recoja una tasa a los viajeros frecuentes (Frequent Flying Levy -FFL-), puede generar ingresos para descarbonizar el sector de la aviación de forma equitativa.

El ICCT plantea el FFL como un impuesto por vuelo que aumenta a medida que una persona realiza más vuelos en un año y que se aplicaría a aquellos que cojan un mínimo de seis. Su coste sería progresivo, de los 9 a los 177 dólares. Según el análisis realizado por ICCT, un FFL global generaría el 81% de los ingresos necesarios para descarbonizar la aviación a partir de sólo el 2% de la población mundial y el 90% de los ingresos a partir del 10% más rico de la población mundial.

Con el sistema, y según esta organización, los países de altos ingresos contribuirían con el 67% de los ingresos mundiales totales con un FFL. Y dado que los países de altos ingresos han emitido alrededor del 70% del CO2 de la aviación durante las últimas cuatro décadas, el análisis apunta que la carga de los costes bajo un FFL seguiría de cerca las emisiones históricas de la aviación.

La aplicación de un FFL no sería en todo caso neutra en cuanto a su efecto en el negocio de la aviación. La demanda de viajes en el futuro podría caer (alrededor de un 7%) en respuesta a la fiscalidad medioambiental. No obstante, desde el ICCT defienden que con un FFL, la población con el 5% de ingresos más altos reduciría los vuelos en un 12%, mientras que el impacto en el 80% más bajo sería insignificante.

Los gobiernos de todo el mundo se reúnen estos días en la asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo especializado de las Naciones Unidas para forjar un objetivo de cero emisiones netas para la aviación. La OACI estima que puede ser necesaria una inversión anual de 121.000 millones de dólares hasta 2050 para lograr una reducción de emisiones compatible con un tope de 1,75 grados en la temperatura global, por lo que la cuestión de cómo pagar esta inversión de forma justa y equitativa está presente en la agenda internacional.

Contra las tasas

La fiscalidad medioambiental es una de las herramientas que no sólo España sino también la Unión Europea se plantean para contribuir a la descarbonización del sector aéreo. Pero las aerolíneas, en especial las españolas, ya han mostrado un rechazo frontal a la aplicación de cualquier tasa. Un reciente análisis elaborado por Delolitte para la patronal española de aerolíneas (ALA) asegura que las medidas incluidas en el paquete europeo conocido como “Fit for 55″ así como la posible introducción de un impuesto a los billetes de avión recogida en el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, supondría en 2030 la pérdida de 11 millones de turistas internacionales y, con ello, el 1,6% del PIB (23.000 millones de euros) y 430.000 empleos.

El “Fit for 55″ es el plan de la UE para realizar la transición energética en el continente. Entre las medidas que recoge para el sector de la aviación, incluye el uso de una cuota de un 5% de combustibles sostenibles para la aviación (SAF), que es entre tres y seis veces más caro que el convencional; la restricción de los derechos de emisión del CO2 (ETS) y la aplicación de un impuesto al queroseno a la aviación de 7,53 euros/gigajulio. Adicionalmente, el Libro Blanco para la Reforma Fiscal contempla la aplicación de un impuesto al billete de 7,85 euros. Estas dos últimas tasas son las que rechazan de forma frontal las compañías aéreas.