El impuesto a los billetes de avión, la puntilla al turismo

El afán recaudatorio del Gobierno parece no tener fin. Aunque el informe de reforma fiscal del grupo de expertos a la carta del Ejecutivo se guardará por ahora en un cajón, la amenaza de sobrecostes al transporte aéreo y, por tanto, el lastre para el sector turístico permanece latente. Los expertos no han hecho más que recoger lo que el laboratorio de ideas del PSOE, la Fundación Alternativas, ya había propuesto: gravar el precio de los billetes de avión para hacer frente a los costes asociados al cambio climático, así como un incremento sustancial de los impuestos a los carburantes.

Los «sabios» del Gobierno toman como referencia el tipo impositivo aplicado por Países Bajos en 2021 de 7,85 euros/pasajero. Con este impuesto, el precio final se elevaría hasta un 15% para vuelos domésticos y un 6,6% en vuelos internacionales, provocando una caída en el número de viajeros por avión del 8,5% y de un 5,6% en el volumen de emisiones de dióxido de carbono (CO2). El aumento de la recaudación llegaría a unos 952 millones de euros, según esta estimación.

Asimismo, el documento propone la tributación de los combustibles de aviación, marítimos y agrarios –recomendando su introducción gradual y un uso mayoritario de los ingresos a compensaciones sectoriales para buscar alternativas–, que podrían alcanzar hasta 1.701 millones en la recaudación (mínimo de 206 millones) para rebajar entre un 1,5% y un 13% las emisiones de CO2.

El informe que elaboró la Fundación Alternativas contemplaba, a las puertas de la pandemia, un impuesto aéreo equivalente al que se aplica en Alemania, con una extensión del IVA del 10% a todos los vuelos. Además, con él se pretende conseguir al mismo tiempo equiparar su fiscalidad a la de otros modos de transporte.

Según el informe, los viajes de corta distancia tendrían un coste adicional de 4,47 euros; los de media distancia de 23,32 euros y el gravamen podría ascender hasta los 41,99 euros en el caso de los viajes de larga distancia. Con ello, el laboratorio del PSOE aspira a reducir la demanda de pasajeros y las emisiones de CO2 de la aviación en un 5% en ambos casos. Esta medida generaría una recaudación de 1.300 millones de euros que saldrían directamente del bolsillo de todos los españoles.

La tasa aérea ha sido congelada y descongelada varias veces para ofrecerse como una de las reformas a Bruselas pese a la oposición del sector aéreo y turístico, que lo tacha de «irresponsable».