Vivienda

Vivir de alquiler en un piso compartido cuesta 173 euros más al año que en 2021: Barcelona, la capital más cara

El coste de una habitación ha pasado de los 267,79 euros mensuales de 2021 a los 282,19 euros de 2022, un 5,4% más, según Pisos.com. Los expertos achacan este encarecimiento a la falta de stock en respuesta a la Ley de Vivienda

Imágenes de carteles inmobiliarios de alquiler. Venta y alquiler de viviendas.
Imágenes de carteles inmobiliarios de alquiler. Venta y alquiler de viviendas.Jesus G. FeriaLa Razón

A menor oferta, mayor precio. Esta principio básico de la ley de la oferta y la demanda explica el encarecimiento de los alquileres en España. La renta media nacional por un piso compartido ha subido con respecto al pasado año un 5,38%, pasando de los 267,79 euros mensuales de 2021 para una habitación a los 282,19 euros de 2022, según el estudio realizado por Pisos.com, a partir de los datos extraídos de Pisocompartido.com. Al cabo de un año, este encarecimiento conlleva pagar 172,80 euros más por una habitación compartida que en 2021. Esta subida va ligada a otro factor: la falta de stock de vivienda en alquiler. El análisis del portal inmobiliario detecta que mientras que Madrid y Barcelona capital aglutinaban el 35% de la oferta el año pasado, este año apenas suponen el 18%, “lo que evidencia la falta de stock en ambas ciudades”, según indicó el portal. En este sentido, Madrid ha perdido cinco puntos, mientras que Barcelona ha caído 12. Esta escasez de viviendas en alquiler se está traduciendo en mayores precios. Para los expertos la raíz del problema está en la Ley de Vivienda.

Según el director de estudios de Pisos.com, Ferran Font, esta subida de los alquileres se debe a que “el tope del 2% a la subida de los alquileres ha provocado que muchos propietarios hayan retirado sus pisos. Esta huida también pone en evidencia el rechazo a la incertidumbre que está provocando la Ley de Vivienda”. Font destacó que “en una época de inflación como la que estamos atravesando, la vivienda es un valor defensivo, pero las medidas intervencionistas no alientan precisamente la inversión”.

Barcelona es la capital más cara para compartir y Badajoz, la más barata

La capital de provincia en la que resulta más caro compartir piso es Barcelona (460,58 euros/mes), seguida por Madrid (429,46 euros/mes), San Sebastián (426,67 euros/mes), Palma de Mallorca (408,97 euros/mes) y Valencia (368,19 euros/mes). En cuanto a las más baratas, el listado está encabezado por Badajoz (150 euros/mes), teniendo por detrás a Ciudad Real (165,83 euros/mes), Zamora (183,57 euros/mes), Ávila (198,44 euros/mes) y Lugo (200 euros/mes).

Según el informe, el 36,44% de los pisos compartidos se reparte entre Madrid (16,97%), Barcelona (13,11%) y Valencia (6,37%). Respecto al reparto de la demanda, son las provincias de Madrid (22%), Barcelona (21,89%), Sevilla (7,12%), Valencia (5,15%) y Málaga (4,61%) las que aglutinan el 60,79% de los inquilinos que buscan habitación.

En cuanto a las capitales de provincia, cinco de ellas aglutinan el 30,97% de la oferta de pisos con habitaciones en alquiler. Madrid (10,96%), Barcelona (7,13%), Sevilla (4,53%), Granada (4,36%) y Valencia (4%). Por otro lado, la proporción de inquilinos que busca piso en Madrid (18,12%), Barcelona (17,27%), Sevilla (6,57%), Valencia (4,38%), Málaga (3,57%) supone el 49,92%.

El grupo de edad más numeroso que comparte piso es el que va de los 18 a los 25 años (51,06%), seguido del intervalo de entre 26 y 35 años (29,32%). Por su parte, los inquilinos de entre 36 y 45 años representan el 10,96% de la demanda y los que tienen entre 46 y 60 años, el 6,57%. Por último, los mayores de 60 son el grupo más reducido: 2,08%.

El portavoz del portal inmobiliario señaló que compartir piso ha dejado de ser una cuestión de universitarios y trabajadores noveles: “Cada vez hay más personas por encima de los 30 años que deben recurrir a compartir piso porque no cuentan con un empleo estable o no están dispuestos a comprometer su capacidad de endeudamiento por encima de lo razonable”. Esto “plantea un retraso en la compra de una primera vivienda que impide que avancemos en la creación de hogares”, admite Font.