Funcionarios

35 horas, teletrabajo y revisión salarial, exigencias de CSIF para el partido que gane las elecciones

Reclaman al Gobierno que salga el 23J un gran Pacto por el Empleo Público con 12 grandes ejes de actuación. Advierten a los partidos que deben recordar que los funcionarios representan 2,7 millones de votos

Un gran Pacto del Empleo Público con 12 grandes ejes de actuación. Esa es la propuesta presentada por el principal sindicato de la Administración General del Estado, CSIF, que reclama cuatro puntos innegociables: instaurar oficialmente la jornada laboral de 35 horas, un desarrollo "efectivo" del teletrabajo, una aprobación urgente de la oferta de empleo público y la recuperación salarial de los empleados públicos. Así lo ha expuesto el presidente del sindicato, Miguel Borra, que ha reclamado a los partidos políticos una "nueva hoja de ruta" que permita "mejorar la calidad de los servicios públicos y las condiciones de sus trabajadores". Desde el sindicato esperan que "de las urnas surja un Gobierno estable" que permita impulsar una nueva agenda de mejoras en la Administración.

Ante la nueva cita electoral ha recordado a los partidos políticos que los funcionarios suman 2,7 millones de votos, a los que se unen los de sus familias, por lo que "pueden ser determinantes" si alguno de ellos tienen en cuenta las reivindicaciones "que hemos puesto encima de la mesa". Bajo estos ejes de actuación, CSIF reclama volver a negociar la subida salarial de los empleados públicos con efecto retroactivo a 1 de enero de 2022, vinculada al IPC, para que se equipare "al menos" a la subida pactada ya en la AENC del sector privado, además de que se deroguen definitivamente los recortes salariales efectuados en 2010 con motivo de la Gran Crisis Financiera, y se recupere la estructura salarial completa, además de una paga extra íntegra. En total, el sindicato exige que se recuperen hasta 30.000 millones.

También esperan acuerdos para el desarrollo de la jubilación parcial, las mejoras en las pensiones del Régimen General de Clases Pasivas, una mayor financiación para las mutualidades, la adecuación de los grupos profesionales, la profesionalización de la Administración, garantizar su independencia, un plan de recursos humanos a medio plazo, evaluar el desempeño con criterios objetivos y garantizar un 7% del PIB para la financiación de la educación y la sanidad.

CSIF plantea todas estas exigencias para evitar el "evidente" el deterioro de los diferentes ámbitos de las Administraciones, como lo ocurrido en el SEPE, la Inspección de Trabajo -con una huelga convocada desde el 26 de junio-, la sanidad -con "déficit de personal en toda España"- o de la Justicia -con sus funcionarios en huelga indefinida desde hace más de un mes-. Además, Borra ha recordado que el adelanto electoral ha dejado en el aire proyectos pendientes como la Ley de Función Pública, la Agencia de Salud Pública o el Estatuto de bomberos y agentes medioambientales. "El adelanto de las elecciones ha agravado la situación de incertidumbre porque han caído proyectos pendientes y se han interrumpido negociaciones muy importantes, como la retribución y ordenación de la Justicia, la figura de agente de autoridad de prisiones o la ley de Función Pública".

En clave electoral, Borra señaló que "se debe" reducir el número de asesores y altos cargos y pidió que terminar con "los nombramientos a dedo" y regular la jubilación parcial anticipada en el personal de funcionario estatuario y en aquellos colectivos cuya actividad profesional "lo recomiende". Además, exigió al Ejecutivo que, antes de los comicios que se celebran el 23 de julio, publique la oferta pública de empleo para el año 2023 porque "en estos momentos las convocatorias que están saliendo son de 2021 y 2022, lo que significa que hay años de retraso". Asimismo, CSIF ha reclamado al Ministerio de Hacienda y Función Pública y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que encaucen la negociación del primer convenio colectivo del supervisor, después de dos años de espera y que puede desembocar en una convocatoria de huelga entre su personal si no se llega a una solución. Según CSIF, el contenido del convenio está acordado con el comité de empresa desde 2021 y ratificado por el 81% de los empleados. Se trata del primer convenio que tendría la CNMV, creada hace 35 años.