El 60% de los jóvenes que soliciten los avales ICO no cumplirán los requisitos bancarios de solvencia

El Gobierno presentó los avales ICO como una vía de escape para que jóvenes y familias con bajos ingresos puedan comprar su primera vivienda y liberarse del asfixiante mercado del alquiler pese a no tener ahorros. Sin embargo, el alcance de la medida quedará reducido a la mínima expresión tras toparse con los requisitos bancarios. Más del 60% de los jóvenes que puedan solicitar los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) no conseguirían la aprobación financiera de los bancos para la concesión de una hipoteca, según informan los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API).

Las ayudas del ICO y del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa reúnen hasta 2.500 millones de euros en avales para jóvenes de hasta 35 años de edad y familias con menores a cargo para que puedan comprar su primera vivienda. La medida dará cobertura hasta el 20% de la compra de una primera vivienda, porcentaje que, habitualmente, no cubren los bancos con sus préstamos y deben sufragar los hipotecados.

Sin embargo, según el Consejo General de API, estas ayudas son "insuficientes e ineficaces", pues aseguran que los jóvenes que quieran acceder a estas viviendas no cumplirían con los requisitos de solvencia financiera que reclaman las entidades bancarias. "Acaba siendo una medida insuficiente para que los más jóvenes puedan acceder al mercado de compra", según afirman desde el Consejo General de API.

Comparadores de precios y sindicatos también han expuesto los contras de los avales ICO para la vivienda. Kelisto calcula que los beneficiarios a la larga tendrán que hacer un desembolso mayor, de hasta un 25% más. CC OO también ha denunciado que las hipotecas con avales ICO del Gobierno son "trampas de endeudamiento" y contribuyen al "mantenimiento artificial" de unos precios "disparatados" de la vivienda y a endeudar a los solicitantes para toda la vida.

Por otro lado, API advierte de los topes a los precios del alquiler, pues aseguran que bajaría la oferta de propiedades de arrendamiento, subiría el precio medio de la renta y los propietarios dejarían de invertir en el mantenimiento de sus viviendas para obtener una "mínima" rentabilidad. "La limitación de los precios del alquiler a nivel nacional provocaría un ‘efecto dominó’, tal y como ya ha ocurrido en Catalunya", agregan.

Además, desde API han señalado que el aprovechamiento de los fondos europeos 'Next Generation' está "por debajo de lo que el sector necesita", y han reclamado políticas fiscales que "que fomenten la inversión inmobiliaria e inviten al capital privado".