Competencia sanciona con 118 millones a 15 empresas por repartirse obras ferroviarias

Pone en marcha el procedimiento para impedirles que vuelvan a trabajar con la administración.

Competencia ha vuelto a sacar el látigo. Esta vez, contra el sector de la construcción. La CNMC ha anunciado hoy que ha sancionado a quince empresas y catorce directivos por repartirse de manera ilícita los concursos públicos convocados por ADIF relacionados con infraestructuras ferroviarias (sistemas de electrificación y electromecánica) para las líneas de tren convencional y alta velocidad. Según el organismo, durante catorce años, estas empresas crearon varios cárteles en las licitaciones del AVE y del tren convencional. Por esta razón, les ha impuesto una sanción conjunta de 118 millones de euros y a los directivos responsables de tales conductas una sanción en conjunto de 666.000 euros.

La sanción de la CNMC es doblemente grave para las compañías. El organismo no sólo les impone una multa económica sino que, por primera vez, activa el procedimiento para la prohibición de contratar con la Administración, por lo que remite la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Si este paso se concretase, sería muy lesivo para estas compañías, cuyos contratos más importantes proceden de la obra pública que contratan con el Estado, los ayuntamientos y las autonomías.

Según explica Competencia, las empresas sancionadas crearon tres cárteles para falsear la competencia en los concursos públicos. Con el primero se repartían los de construcción, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación de líneas ferroviarias de alta velocidad. Con el segundo, manipulaban los del mantenimiento de los sistemas de electrificación en líneas de tren convencional. Con el último, se repartían los concursos públicos y privados para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad.

En el primero de los cárteles, para la electrificación del AVE, los hechos acreditados indican, según la CNMC, que trece de estas empresas (Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren, Neopul, Citracc, y Eym) adoptaron acuerdos para el reparto de 24 licitaciones para la construcción y mantenimiento de la electrificación del AVE durante ocho años (desde 2008 hasta 2016). El importe de los contratos adjudicados al cártel asciende a 837 millones de euros. Las empresas pactaron el reparto a partes iguales en facturación y margen de varias licitaciones a través de la constitución de diversas Uniones Temporales de Empresas (UTEs). La estrategia consistía en que dichas uniones ‒cuya formación era previamente acordada entre las empresas‒ que fuesen adjudicatarias de los contratos cederían un importe de la producción y margen de beneficio a las no adjudicatarias, que presentarían ofertas de cobertura o acompañamiento no ganadoras para simular concurrencia competitiva en la licitación.

El segundo de los cárteles, creado para la electrificación del tren convencional, operó durante 14 años (mayo de 2002 hasta noviembre de 2016). Los hechos acreditados indican que las diez empresas que crearon este cártel (Elecnor, Cobra, Semi, Inabensa, Cymi, Alstom, Electren, Siemens, Telice y Eym) adoptaron acuerdos en relación con, al menos, 239 licitaciones, de las que 173 resultaron adjudicadas y ganadas por empresas del cártel, con un importe repartido entre las empresas de 134 millones. Los directivos de las principales empresas del sector suscribieron un acuerdo para repartirse todas las licitaciones que fueran convocadas por Renfe para el mantenimiento de las subestaciones eléctricas en las líneas de tren convencional. El acuerdo preveía un método de reparto de las licitaciones mediante un sorteo para establecer el orden de adjudicación de los contratos, al que las empresas denominaron “ranking”. Las empresas también tenían previstos mecanismos de compensación entre ellas. De esta manera las empresas que no eran adjudicatarias de los contratos se aseguraban un porcentaje de un 6% sobre la cifra de contratación a repartir a partes iguales.

En el tercer cártel, creado según Competencia para el reparto de concursos públicos y de un concurso privado para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad, durante tres años (2013 a 2015), Alstom e Indra, con independencia de la complementariedad de sus tecnologías que ha justificado la constitución de UTEs acordaron en ocasiones repartos de licitaciones de menor cuantía o complejidad. Para ello, presentaban ambas ofertas, si bien una de ellas era de acompañamiento o de cobertura, con el compromiso de que la eventual empresa adjudicataria subcontrataría a la no adjudicataria. En 2015 se sumó a tales prácticas, Elecnor. Estas empresas han adoptado acuerdos para el reparto de, al menos, 7 contratos con un presupuesto de licitación de 84 millones de euros.

La CNMC ha eximido del pago de la multa a Alstom Transporte, a su matriz y directivos en su condición de solicitante de clemencia por un montante total de 8,9 millones de euros (8,8 millones a Alstom más 155.700 euros a sus directivos). Además, por el mismo motivo, se reduce en un 45% la multa correspondiente a Siemens y a su matriz (queda en 9,24 millones de euros).