Controladores aéreos: un nuevo convenio que el caos del puente de diciembre de 2010 ha postergado más de una década

De los barros del caos aéreo que se vivió en los aeropuertos españoles en el puente de diciembre de 2010vinieron lodos posteriores que han provocado que los controladores aéreos hayan tardado 24 años en firmar un nuevo convenio colectivo negociado con su empleador, Enaire, la compañía pública que gestiona el espacio aéreo. La crisis no sólo dejó 700.000 afectados sino que dinamitó las relaciones entre los controladores y el Gobierno y abrió una sima de desconfianza entre ambas partes que ha impedido normalizar las relaciones laborales de este colectivo hasta el pasado miércoles, cuando Enaire y los sindicatos Usca y Occa firmaron el III convenio colectivo del sector.

Hasta la firma de este acuerdo, los controladores se venían rigiendo por el laudo arbitral que pilotó el que fuera ministro de Trabajo Manuel Pimentel y que se impuso en 2011 para dirimir las diferencias que había entre ambas partes y con el que se ponía fin a la crisis aérea del puente de diciembre de 2010. Entonces, el Gobierno, con el entonces ministro de Fomento a la cabeza, José Blanco; decretó el cierre del espacio aéreo español tras acusar a los controladores de abandonar sus puestos de trabajo en masa. Un argumento que varios años después han desmontado los tribunales en diferentes sentencias en las que se concluía, groso modo, que ni los controladores habían pactado abandonar masivamente los puestos de trabajo, ni tenían un plan para cerrar el espacio aéreo. Simplemente, dejaron de acudir a sus centros de trabajo una vez que habían agotado las horas de trabajo que podían hacerlo después de advertir durante los meses previos a las autoridades de que se estaba llegando a esa situación límite.

La trifulca judicial que originó aquel caos ha sido, junto a la desconfianza entre ambas partes, uno de los grandes motivos que, según los controladores, han retrasado también la firma de cualquier acuerdo pues les ha obligado a centrar gran parte de sus esfuerzos en estos años, hasta que los tribunales les han dado la razón. "La prioridad del sindicato ha sido hasta ahora la defensa legal y la restauración moral de nuestros compañeros", afirman desde Usca. "Había una herida abierta. Teníamos la carga de lo penal, que dificultaba mucho las cosas", aseguran.

La diferencia de planteamientos de cada una de las partes en la negociación también han pesado lo suyo a la hora de dificultar un acuerdo. Al final, como aseguran desde Usca, las dos partes han tenido que ceder. "Ellos [Enaire] han aceptado que la masa salarial sea estable. Y nosotros no hemos conseguido nuestro objetivo de que todos los controladores cobren lo mismo, porque los que se incorporaron desde 2010, tiene menos salario", explican. Este es el motivo, según añaden, de que la compañía vaya a poder ahorrar costes, que los profesionales más veteranos y con salarios más elevados dejarán su sitio a otros con sueldos más bajos.

La desavenencia en este último punto, así como en otros, es la que lleva a los controladores a considerar el convenio ahora firmado como un punto de partida para seguir negociando, aunque cargado de un gran simbolismo. "Queremos verlo como el punto de partida de una nueva etapa en la que se pueda negociar con la empresa con normalidad", asegura Usca. "No es el convenio que nos hubiera gustado, pero es un inicio para dejar atrás el laudo", que consideran como "una anomalía democrática" por la gran cantidad de años que ha estado vigente y por el que ningún colectivo debería pasar.

Retos

Entre los restos que afrontan, Usca considera que el desarrollo de nuevas tecnologías que llegan para revolucionar el sector, dotándolo de una mayor seguridad y eficiencia, deben tomar como centro al controlador aéreo y constituir sus herramientas de apoyo. "La adaptación a éstas debe ser segura y ordenada, evitando la más mínima pérdida de conciencia situacional", explican.

Además, consideran que el rejuvenecimiento de la plantilla a través de una escuela propia de formación debe ser otro de los objetivos importantes. "Enaire debe volver a la senda que marcan los grandes proveedores de servicios de control aéreo en Europa, los cuales seleccionan, becan y forman a sus controladores aéreos bajo los mayores estándares de calidad", según reclaman. En su opinión, la formación debe ser de nuevo "pública y tutelada por Enaire. El hecho de que un controlador aéreo español deba pagar una importante cantidad de dinero para su formación -que puede alcanzar los 60.000 euros- va directamente en contra de la igualdad de oportunidades para favorecer a escuelas privadas que se lucran de esta situación", concluyen.