Los fabricantes reclaman un plan de choque en la automoción y menos trabas burocráticas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó la clausura del Foro Anfac para anunciar ante los empresarios del sector del motor la resolución de los primeros 10 proyectos provisionales relacionados con la línea B, vinculada a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico, de la segunda convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), que estarán dotados con un total de 170 millones de euros de ayudas públicas. Un proyecto que, señaló, tendrá una repercusión de movilización industrial por un volumen de 500 millones.

Estos nuevos fondos del Perte serán aplicados a la llamada línea B, que tiene presupuestados 344 millones de euros en subvenciones y 215 millones en préstamos, y que busca impulsar planes de inversión para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado. Además, el presidente del Gobierno anunció asimismo la puesta en marcha en el último trimestre de este año de la cuarta convocatoria del Perte VEC, dotada con más de 1.250 millones de euros (250 millones de euros en subvenciones y 1.000 millones en préstamos), procedente de los fondos europeos, cuya llegada se espera para la segunda mitad del año.

Asimismo, y dentro del capítulo de promesas, Sánchez anunció que «en las próximas semanas» se revisará el actual Plan Moves, «en colaboración con el sector». «Vamos a redoblar en las próximas semanas nuestros esfuerzos, tanto en materia de apoyo a los planes de ayuda como al impulso de la infraestructura de recarga». Afirmó además que «el primer deber es el reconocimiento de la movilidad como un derecho social. Al igual que el compromiso con la descarbonización y la digitalización. Tres ejes fundamentales para situar a España como un referente».

Estas manifestaciones fueron recibidas entre los directivos del sector con optimismo y un cierto nivel de incredulidad. Previamente, el presidente de Anfac, la asociación de constructores e importadores de automóviles, Wayne Griffiths, que a su vez es presidente de Seat, declaraba que «España tiene una oportunidad única para ser un hub de la electromovilidad en Europa. Pero tenemos que vender un 25% de coches electrificados cuanto antes para situarnos en el promedio de Europa. Este es el primer reto que tenemos que superar juntos, y la fiscalidad es clave».

La escasa demanda de vehículos electrificados en España es la mayor preocupación actual de los fabricantes, que han invertido muchos recursos en actualizar sus líneas de producción. El problema de las actuales ayudas no es la cantidad de fondos que se distribuyen, sino los trámites administrativos que ralentizan su cobro y desincentivan la compra, según el análisis de la patronal Anfac. Por ello, el sector reclama un plan de choque con políticas incentivadoras, un despliegue planificado de puntos de recarga y una simplificación de los trámites administrativos para su instalación. En 2023, se matricularon 113.784 turismos electrificados en España, hasta una cuota del 12%, todavía lejos de la media europea, del 22,3%.