El Gobierno retira el apoyo de la SEPI para que Sidenor compre Talgo y pone en riesgo la operación

La operación para que un consorcio vasco liderado por Sidenor y en el que también están BBK, Vital y el Gobierno vasco, a través de Finkatuz; tome el control de Talgo está en la cuerda floja. Según ha denunciado hoy el PNV, partido al frente del Ejecutivo autonómico, el Gobierno central ha dado marcha atrás en su compromiso de apoyar la compra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con 150 millones de euros.

El pasado febrero, el consorcio de Sidenor presentó una oferta de 155 millones para adquirir el 29,7% del fabricante de material rodante ferroviario que controla el fondo Trilantic. Según ha asegurado el PNV a través de una nota de prensa de su grupo parlamentario en el Congreso, el Ejecutivo central, a través de la SEPI, se comprometió inicialmente a apoyar la operación vasca y fortalecer a la empresa mediante un préstamo convertible de cerca de 150 millones para que pudiera hacer frente a sus necesidades financieras. Posteriormente, prosigue la formación jeltzale, propuso que la operación se dividiera en dos, de forma que el Gobierno central se haría cargo de 75 millones y el consorcio vasco, en el que participa el Gobierno vasco junto a otras entidades privadas, los 75 restantes.

El PNV asegura que el Ejecutivo liderado por Imanol Pradales hizo los deberes para hacer frente a esta propuesta, "reuniendo en el consorcio a entidades privadas que favorecen la solvencia de la operación, y renegociando el interés del préstamo en favor de Talgo".

Sin embargo, según ha denunciado hoy, "la SEPI ha decidido finalmente dar marcha atrás a su propuesta inicial y exige al consorcio vasco que modifique la fórmula de acceso a Talgo una vez más".

"Los acuerdos son para cumplirlos, no podemos estar cambiando las propuestas cada cinco minutos. Hay mucho trabajo detrás, muchos cálculos y, sobre todo, muchas familias vascas que dependen de que el Gobierno español asuma lo que había prometido", ha afirmado la portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Maribel Vaquero.

"Si la operación fracasa, será el Gobierno español quien tenga que explicar a la ciudadanía vasca las razones de este fracaso. Aún se puede desencallar la situación, pero no hay tiempo que perder", ha advertido.

Fuentes del Gobierno vasco han asegurado a Ep que ahora "está en la mesa de la SEPI" volver a encauzar "una situación que ya estaba previamente acordada" para hacer frente a las necesidades de financiación de Talgo.

El Gobierno Vasco se ha mostrado "optimista" y ha confiado en que "que todos los agentes implicados tengan altura de miras para que Talgo siga arraigada en Euskadi y se puedan realizar las inversiones industriales necesarias para hacer frente a su exitosa cartera de pedidos". "Desde el Gobierno pedimos altura de miras y flexibilidad en este último tramo de la operación", ha concluido.

Entrada necesaria

La entrada en escena de la SEPI a principios de junio había desatascado una operación que parecía encallada casi sin remedio por la delicada situación financiera a la que ha conducido la penalización de 116 millones de euros impuesta por Renfe a Talgo por el retraso en la entrega de los trenes de alta velocidad Avril. Aunque la multa ya era conocida por el consorcio vasco cuando firmó el preacuerdo con Trilantic en febrero, no fue hasta que Sidenor y sus socios empezaron a analizar con detalle sus cuentas cuando concluyeron que el acuerdo no se podría cerrar hasta encontrar una fórmula para afrontar la multa de la operadora sin que ello arrastrase financieramente a la compañía.

Y es que la banca se ha negado a refinanciar los 400 millones de deuda de Talgo, una de las condiciones necesarias para cerrar el acuerdo, hasta no tener garantías respecto al pago de la multa a Renfe, que ofrece no ejecutar esta sanción hasta 2031 y fraccionarla hasta en siete años, en línea con lo propuesto por la Abogacía del Estado.

La participación de la SEPI -y probablemente del ICO- ofrecería estas garantías de pago y desbloquearía la operación, salvando además la posición de Óscar Puente.

Tras vetar la OPA de la húngara Ganz Magav Europe por cuestiones de seguridad nacional nunca esclarecidas, el ministro de Transportes buscó alternativas para Talgo hasta que dio con Sidenor, que a su vez tuvo que recurrir a socios como el Gobierno vasco y las fundaciones bancarias vascas para recabar los fondos necesarios para afrontar la compra de Talgo y firmar el preacuerdo con el fondo Trilantic.

Una espantada de Sidenor y sus socios no sólo dejaría a Talgo en una situación más que delicada sino que también dejaría muy señalado al propio Puente, al que los sindicatos han reclamado en las últimas semanas ayuda para desbloquear la operación tras rechazar la oferta húngara y defender la de Sidenor como adecuada por su aspecto industrial -aunque Sidenor y sus socios no han desvelado todavía plan alguno al respecto- y mantener el centro de toma de decisiones de Talgo en España ante su carácter estratégico.