Mascarillas, la ley y las circunstancias

LA RAZÓN publica hoy un prolijo informe sobre el estado de las actuaciones judiciales abiertas en relación con las compras de material sanitario –mascarillas, batas de protección y equipos médicos– llevadas a cabo por las distintas administraciones en los primeros momentos de la pandemia. La cifra en juego, que representa sólo una pequeña parte de las adquisiciones, es de 355 millones de euros de dinero público, millones que, en muchos casos, se «perdieron» en medio del caos administrativo, unos mercados sobrepasados por la demanda y la actuación de intermediarios que carecían de la menor experiencia en el sector.

Ahora, toca a los jueces esclarecer unas conductas marcadas por la peor de las sospechas, las del aprovechamiento de la tragedia que vivía la sociedad española, con decenas de miles de muertes, por parte de individuos desaprensivos. Ciertamente, nadie en su sano juicio puede disculpar a quienes así actuaron y se enriquecieron, no sólo incrementando escandalosamente los precios de los materiales, como ocurrió con una de las compras de batas llevadas a cabo por el Ministerio de Sanidad, sino incumpliendo los contratos o suministrando productos defectuosos e inservibles, que ponían en mayor peligro de contagio a los usuarios. Sobre ellos, debería caer todo el peso de la Ley.

Pero, dicho esto, no es posible enjuiciar los comportamientos individuales sin atender a las circunstancias del momento, cuando los responsables políticos y los funcionarios de los cuerpos técnicos del Estado se encontraban bajo una presión social extraordinaria e inédita, en un país que, como había ocurrido en el resto de la Unión Europea, se había desprendido de un sector industrial clave, en beneficio de las economías asiáticas. Más aún, cuando la mayoría de los implicados actuaron de buena fe y amparados por la decisión del Gobierno, lógica, de levantar las cautelas en los procedimientos de la contratación pública.

Por supuesto, nada de esto fue tenido en cuenta por la izquierda populista española, especialmente, la madrileña, cuando intentó utilizar selectivamente los contratos contra el gobierno autonómico del Partido Popular, en línea, por otra parte, con su política habitual de utilizar la corrupción como arma arrojadiza contra el adversario político. El problema es que las supuestas irregularidades en las adquisiciones de material sanitario alcanzan a todas las administraciones, sin importar el signo político, por la sencilla razón de que todas esas administraciones tuvieron que ponerse manos a la obra, ante la falta de una estrategia diga de ese nombre por parte del Ejecutivo. Entendemos que los jueces, sin perjuicio de sus obligaciones, actuarán teniendo en cuenta esas circunstancias extraordinarias a las que nos hemos referido, que, por otra parte, son del conocimiento público.