En democracia, nadie debería ser un héroe

El acoso cobarde sufrido desde las redes sociales por un ciudadano español que demandaba el derecho constitucional a que su hijo recibiera, al menos, un 25 por ciento de las clases escolares en castellano supone una anomalía grave en nuestra democracia, por cuanto obliga a un comportamiento poco menos que heroico a un ciudadano del común que pretende ejercer los derechos civiles supuestamente garantizados por nuestro ordenamiento jurisdiccional.

Hablamos de Javier Pulido, el padre de un alumno de Canet de Mar (Barcelona), que llevó ante los tribunales la reclamación del 25 por ciento. Hoy, relata su terrible experiencia en LA RAZÓN, convencido de que es preciso romper el silencio forzado de tantas familias catalanas a las que se coarta la libertad mediante el señalamiento, el insulto y las amenazas a los propios hijos por parte de un nacionalismo excluyente y, en demasiadas ocasiones, amparado por los poderes públicos. Porque no es sólo la desobediencia palmaria de las instituciones políticas catalanas a las decisiones de la Justicia lo que debería alarmar a la opinión pública española, sino el deterioro consentido del concepto de libertad individual que suponen casos como el de Canet de Mar.

Y no se trata de discutir aquí lo que desde cualquier visión objetiva del Derecho es inobjetable, como que un padre tiene toda la legitimidad para reclamar que sus hijos reciban la enseñanza en la lengua oficial del Estado. Más aún, cuando nadie pretende la exclusión de las lenguas vernáculas, cooficiales según nuestra Carta Magna, en los diferentes sistemas educativos ni, mucho menos, busca imponer un único modelo lingüístico para todo el territorio, que es, exactamente, lo que está haciendo el gobierno de la Generalitat de Cataluña bajo la falacia de unas políticas integradoras que pasan por alto la realidad social del Principado, hasta el punto de que se exige a los profesores que vigilen a los alumnos en el patio, en los comedores, en los pasillos y en el transporte escolar para coaccionarles y que no usen el castellano, la lengua materna de la mayoría, en ningún espacio del ámbito escolar.

Nadie ajeno al sectarismo más pedestre o que haya estudiado atentamente otros modelos de inmersión lingüística forzada puede creer que esa imposición beneficia a la lengua catalana, como demuestran los propios índices de la Generalitat, que anotan un descenso sostenido del uso social del catalán. Es un empeño nacionalista, con una estrategia a largo plazo muy clara, que no sólo no respeta los derechos básicos de los castellanohablantes, sino que conduce a un sector de la población, y no, precisamente, el más favorecido económicamente, a perder el dominio académico del castellano, con las consecuencias que cabe esperar en su futuro profesional. El domingo, Barcelona acogerá una gran manifestación por la enseñanza bilingüe. En realidad , por una cuestión de derechos constitucionales.