¿Qué significa la seguridad jurídica para los independentistas?

Durante más de tres horas, la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat se reunió ayer en La Moncloa. Fruto de este encuentro fue la firma de un documento conjunto donde se habla de que las futuras conversaciones que se celebren se harán en un marco de “seguridad jurídica” para así no mencionar a la Constitución. Un término que no es nuevo ya que se empleó durante la declaración de Pedralbes adoptada en diciembre de 2018.

La pregunta es evidente, ¿qué entienden los independentistas por seguridad jurídica? Esta mañana, la consellera de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalitat, Elsa Artadi, que también forma parte de la delegación del Govern catalán y viajó a Madrid para participar en la reunión, en declaraciones en Mas de Uno de Onda Cero no ha dejado lugar a las duda. “La seguridad jurídica no quiere decir la actual Consitución tal y como está”.

Durante su entrevista ha señalado que se trata de una “expresión que han recuperado de la declaración de Pedralbes de diciembre de 2018” y ha añadido que “para ello, primero tiene que haber primero un debate político y buscar una solución política que esté en el marco de la democracia y que hay que dotarla de la seguridad jurídica con las normas existentes o con las que se pudiera adaptar dentro de un marco de conveniencia internacionales, dentro de un marco de principios legales. Para nosotros no quiere decir la actual Constitución, tal y como está actualmente”, ha indicado.

A la pregunta sobre si nuestra Carta Magna se podría modificar para adecuarse a la exigencia de los independentista, Artadi ha añadido que “evidentemente, porque ya ha pasado además”, para luego asegurar que “nosotros nos queremos centrar en tener un debate político”.

Además, durante su entrevista ha reconocido que el derecho de autodeterminación no se va a vetar por parte del Ejecutivo central: “No se ha vetado hablar del derecho de autodeterminación. Hemos acordado entre todos que habrá que hablar de todos los asuntos que ponga la parte catalana encima de la mesa”.

Asimismo, ha reconocido que durante la reunión celebrada ayer en Madrid “no se habló de la reforma del código penal”, esa que el gobierno de Sánchez ha puesto sobre la mesa con el objetivo de rebajar las penas de los delitos de sedición por los cuales están encarcelados los líderes independentistas del 1-O.