Villarejo, suma y sigue: la Fiscalía pide otros 38 años de prisión por el espionaje por la herencia de La Finca

La Fiscalía Anticorrupción pide 38 años y diez meses de prisión para José Manuel Villarejo y otros 30 para el comisario Enrique García Castaño, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil por las supuestas labores de espionaje desarrolladas entre 2012 y 2014 para obtener información sobre la situación patrimonial de los herederos de Luis García Cereceda, el promotor de la urbanización de lujo La Finca, en el marco de las disputas familiares por su millonario legado.

En el marco de esta “pieza Land” del “caso Tándem” -que mantiene en prisión provisional a Villarejo desde noviembre de 2017-, el Ministerio Público acusa, además, a otras cinco personas -entre ellas la esposa del ex comisario y su ex socio en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo, para quienes solicita una pena de 36 años y medio de cárcel- y a las tres sociedades escindidas de la promotora tras la extinción de ésta en 2016

Se trata de la segunda acusación que impulsa Anticorrupción contra Villarejo después de que la semana pasada solicitara para el comisario jubilado 57 años de cárcel por el espionaje que, por encargo del despacho de abogados Herrero y Asociados, habría efectuado a unos antiguos socios de la firma que abrieron un nuevo despacho, ante la sospecha de que se habían apropiado de la cartera de clientes de su antigua empresa.

Según el relato de Anticorrupción, en 2012 Procisa contrató a Villarejo -bajo la presidencia de la también acusada Susana García-Cereceda, que se enfrenta a una petición de condena de 16 años y diez meses- para “la ejecución de diversos servicios a sabiendas de su condición de comisario en activo”. Estos consistían en trabajos “de inteligencia, de análisis de información y de intoxicación informativa en los medios de comunicación dirigido a obtener, analizar y difundir información patrimonial, personal e íntima de una serie de personas cuyos supuestos intereses económicos podían perjudicar el patrimonio y prestigio” de Procisa y la reputación empresarial de sus gestores.

Entre esos cometidos, relata la Fiscalía, el Grupo Cenyt de Villarejo y Redondo investigó el patrimonio del arquitecto de La Finca, Joaquín Torres, “y especialmente su intimidad para conocer debilidades relacionadas con su orientación y vida sexual, y difundir dicha información entre sus allegados y en los medios de comunicación, de forma que perjudicara su honorabilidad y le disuadiera de los contenciosos económicos entablados contra Procisa”.

Sin embargo, los fiscales del caso constatan que “no consta que los acusados obtuvieran ni facilitaran ningún dato reservado a su cliente” ni que por medio de sus contactos en una cadena de televisión “se emitieran programas con informaciones ultrajantes”.

Por esas labores que, según el instructor de la causa, el juez Manuel García Castellón, “excedían de un encargo sobre la rentabilidad de la propia empresa”, puesto que se investigó la vida privada de personas que nada tenían que ver con la marcha de la sociedad, el precio se fijó en 275.000 euros más otros 150.000 en función de si Procisa “rentabilizaba” la información obtenida. Finalmente, la sociedad pagó, entre julio de 2013 y febrero de 2014, 340.252 euros al Grupo Cenyt.

La Fiscalía vuelve a señalar a García Castaño como la persona que “de forma permanente se prevalía de su privilegiada posición en la estructura policial para poner a disposición de la organización criminal, a cambio de dinero en efectivo y otras dádivas en especie, su capacidad de obtención de información para la Policía”.

En la resolución en la que García Castellón cerró la investigación y propuso juzgar a los investigados, el magistrado asegura que Villarejo y Redondo ofertaron a sus clientes solventar esa “situación de crisis” a través, entre otros servicios, de “la obtención de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado -tráfico de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social”.

El entonces comisario, continúa el relato del juez, se habría servido de su cargo para obtener "información de carácter reservado que luego vendería a sus clientes y que luego éstos utilizarían como instrumento de presión a su favor en las controversias económicas sobre el patrimonio social y familiar de la empresa".

Al entonces comisario le responsabiliza de crear “un entramado parapolicial que empleo de forma sistemática los medios y recursos afectados a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado para forzar la solución de los conflictos fuera de los cauces legales, empleando para ello información sensible con la finalidad de remover voluntades”.