La Audiencia procesa a Villarejo por espiar a los herederos del promotor de La Finca

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ve indicios suficientes para sentar en el banquillo al ex comisario José Manuel Villarejo y a otras cinco personas -entre ellas su esposa, su socio Rafael Redondo y el también ex comisario Enrique García Castaño- por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad documental en el marco de la pieza “Land”, una de las más de la veintena desglosadas del “caso Tándem”. El instructor acuerda igualmente el procesamiento, en calidad de personas jurídicas, de las sociedades La finca Global Assets, La Finca Somosaguas Golf y La Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios, las tres sociedades escindidas de la promotora Procisa tras la extinción de ésta en 2016.

En la resolución en la que, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda el pase de las diligencias a procedimiento abreviado -al igual que hizo hace unos días respecto a la pieza “Iron”-, el magistrado recuerda que en esta pieza se ha investigado cómo dos de los imputados, Francisco Peñalver y Susana García Cereceda, promotores de la urbanización de lujo La Finca, así como su responsable de seguridad, David Fernández, contrataron entre 2012 y 2014 los servicios del entonces comisario en activo para recabar información sobre la situación en la que había quedado Procisa tras la muerte de su presidente -a fin de reclamar la herencia- y averiguar igualmente datos sobre la situación del resto de los herederos respecto al legado del promotor y fundador de La Finca.

Según relata el juez en su escrito, esos servicios “excedían de un encargo sobre la rentabilidad de la propia empresa”, puesto que se investigó la vida privada de personas que nada tenían que ver con la marcha de la sociedad. Villarejo y Redondo ofertaron a sus clientes solventar esa “situación de crisis” a través, entre otros servicios, de “la obtención de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado -tráfico de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social”.

García Castellón asegura que al contratar a Villarejo los investigados "conocían su situación de policía en activo". De hecho, añade, mantuvieron una actitud "proactiva" para utilizar "estos medios espurios" resultado "de las conversaciones en que se les explica teléfonos con los que contactan las personas a las que someten a vigilancia, país o lugar de donde parten las llamadas, problemas para identificarlos, o donde se habla de los números que les han facilitado.

El entonces comisario, continúan el relato del juez, se prevalió de su cargo en la Policía para obtener "información de carácter reservado que luego vendería a sus clientes y que luego éstos utilizarían como instrumento de presión a su favor en las controversias económicas sobre el patrimonio social y familiar de la empresa".

El precio de estos servicios se habría fijado en 275.000 euros, más otros 150.000 en caso de rentabilización de los resultados, de los que Procisa habría pagado, entre julio de 2013 y febrero de 2014, 340.252 de forma opaca a través de facturas falsas.

Seguimientos a una juez

Entre la documentación que ha tenido en cuenta el juez para acordar el cierre de la investigación figura la que hace referencia a los seguimientos realizados por Cenyt, la empresa de Villarejo, a la juez de Pozuelo de Alarcón (Madrid) encargada del procedimiento de división de la herencia, Mónica Gómez Ferrer, que fue intervenida en los registros policiales, así como “algunos informes sobre la vida privada de las víctimas”, de los que se incautaron los agentes en los despachos de Susana García Cereceda y Francisco Peñalver.

Villarejo, dice el juez, “simultaneando la doble condición de policía y detective privado realizaría trabajos e inteligencia para sus clientes, aportando como valor añadido a su empresa su relación directa con responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que le habría permitido crear una estructura empresarial estable” para encargos similares. El entonces comisario, subraya, “creo un entramado parapolicial que empleo de forma sistemática los medios y recursos afectados a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado para forzar la solución de los conflictos fuera de los cauces legales, empleando para ello información sensible con la finalidad de remover voluntades”.

El instructor aparta del procedimiento a Eduardo García Cereceda, pues “si bien existen indicios de que habría conocido la contratación y los pagos a Cenyt”, dice, “no existen elementos suficientes para sostener que conociera” la participación de Villarejo ni su condición de mando policial o el carácter ilícito de los servicios contratados, “al no constar que hubiera participado en ninguna de las reuniones ni que se le diera cuenta de los detalles que en ellas se trataban ni de la información recibida de Cenyt”.

Ahora, el instructor da un plazo de diez días para que las acusaciones presenten su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.