El Gobierno “no tiene constancia” del presunto “hackeo” del móvil de Roger Torrent y le anima a denunciar

El presunto uso de un programa espía que solo se vende a Gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad en el móvil del presidente del Parlament, Roger Torrent, durante 2019, información que hoy ofrecía el diario El País, y el británico The Guadian, ha levantado una oleada de reacciones en todos los ámbitos.

Por el momento, desde las filas del Gobierno se ha pronunciado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha asegurado que el Ejecutivo no tiene constancia de que Roger Torrent haya sido víctima de un hackeo y le ha animado a poner la supuesta intervención de su móvil en conocimiento de la autoridad judicial para que se investigue. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha señalado que corresponde a la autoridad judicial investigar si ese hackeo se ha producido y en qué circunstancias y ha recordado que cualquier intervención de un móvil en España requiere previa autorización judicial.

Paralelamente, fuentes de Interior aseguran que este ministerio nunca han tenido relación con la empresa NSO y se desmarca de la empresa desarrolladora del programa espía Pegasus. Ni el Ministerio, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil han tenido relación con la citada empresa ni han contratado ninguno de sus servicios, continúan las fuentes, que subrayan que la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se enmarca siempre en el “escrupuloso respeto de la legalidad”.

En una declaración institucional, Torrent ha afirmado que el espionaje al que ha sido sometido a través de su teléfono es "impropio de un estado democrático", ha anunciado que emprenderá acciones legales y ha exigido al Gobierno español que "se investigue y se depuren responsabilidades".

Desde la filas del propio PSOE se ha pronunciado el diputado del PSC en el Parlament Ferran Pedret, que ha condenado en nombre del grupo socialista cualquier intento de vulnerar el secreto de las comunicaciones de forma ilegitima motivado por “actividades políticas” a través del espionaje, que considera que solo es legítimo si se da por acciones presuntamente delictivas.

En rueda de prensa este martes en el Parlament, se ha mostrado en desacuerdo con dichas tareas de espionaje y ha exigido que se realice una investigación que aclare los hechos ocurridos y que determine responsabilidades.

El móvil fue objeto de un software en 2019, que bajo el nombre de Pegasus fue desarrollado por la compañía israelí NSO y que solo se vende a Gobiernos para combatir el crimen y el terrorismo.

Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat y coordinador general de ERC, Pere Aragonès, ha reclamado garantías al Estado de no estar involucrado en el caso, al ser preguntado por este caso en una conferencia que ha pronunciado en el Círculo de Economía, en la que ha asegurado que “el Gobierno debe hacer un paso adelante, dar explicaciones y, si no las tiene, buscarlas”.

“El Gobierno debe ofrecer garantías transparentes y fiables de que los servicios secretos y de seguridad no están involucrados en este ‘affaire’, porque toda sospecha es que sí”, ha asegurado Aragonès.

También Esquerra Republicana (ERC) y Junts han registrado este martes en el Congreso sendas peticiones de comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique en la Cámara el presunto espionaje. Los de Gabriel Rufián también reclaman la presencia por este mismo asunto de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En concreto, ERC solicita que Marlaska comparezca ante la Comisión de Interior para “dar explicaciones en relación a los presuntos espionajes e intromisiones a la intimidad de líderes políticos catalanes por parte de estructuras gubernamentales”. De su lado, el escrito de Junts reclama que el titular de Interior detalle “los presuntos espionajes realizados a teléfonos móviles de cargos institucionales de Cataluña mediante el programa Pegasus

Quien también cree que el Gobierno debe “dar explicaciones” sobre este asunto es el líder de Más País, Íñigo Errejón. “Esto es intolerable en democracia. No es cuán de acuerdo estés con sus ideas. Es cuán en desacuerdo estés con que te puedan espiar por las ideas que tengas”, ha denunciado a través de su cuenta personal de Twitter. De su lado, el secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de En Comú, Gerardo Pisarello, ha comentado en rueda de prensa que el presunto espionaje a Torrent evidencia la existencia de una “especie de infraestado” que ha vinculado con lo que desde Podemos definen como “las cloacas”.