Europa se pronunciará sobre si es “oportuno” que el Gobierno decida qué es información y qué no

Europa deberá pronunciarse sobre el nuevo procedimiento de actuación contra la desinformación que ha puesto en marcha el Gobierno a través de una orden ministerial publicada en el BOE.

El Gobierno explicó ayer que el objetivo de la nueva normativa -que no tiene efectos jurídicos- es la de vigilar y actuar contra las posibles noticias “fake” o “desinformativas” que, a su juicio, se publica en redes sociales y en medios de comunicación o plataformas digitales. A juicio del ministerio de la Presidencia y relaciones con las Cortes, la libertad de expresión se «ve amenazada por la difusión deliberada a gran escala y sistemática de la desinformación que persigue influir en la sociedad con fines interesados y espurios».

Tras la publicación de la norma en el BOE, el debate en los medios, en redes y en la esfera política rondó sobre la posible incursión del Gobierno en los medios y su consecuente limitación de la libertad de expresión. De hecho desde el PP, Cs y Vox acusaron al Ejecutivo de crear un “ministerio de la Verdad” a partir del cual controlar toda la información que se publica en los medios, sobre todo la que pueda resultar sensible para el Gobierno.

Ante la creación de la nueva comisión que dependerá de cargos gubernamentales - el órgano está coordinado por la secretaría de comunicación, presidido por el director del Departamento de Seguridad Nacional, e integrada por representantes de varios gabinetes ministeriales- la eurodiputada de UPyD, en la delegación de Ciudadanos en Europa, Maite Pagazaurtundúa, junto a los eurodiputados Luis Garicano, María Soraya Rodríguez Ramos, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Susana Solis Pérez y Adrían Vázquez Lázara, han emitido una pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión Europea con el objetivo de que se pronuncie sobre “el mecanismo de vigilancia y control gubernamental sobre la desinformación en España”.

Los eurodiputados explican a la Comisión que el citado comité tendrá capacidad para “decidir qué es desinformación y qué no, afirmando incluso querer marcar la actuación de los medios de comunicación”. Preguntan si la Comisión Europea considera “oportuno que el Ejecutivo decida los contenidos informativos o por el contrario considera que esa labor debe corresponder a autoridades independientes, sobre la base de una definición previa de información maliciosa, desde el punto de vista penal u otros”.

Interrogan también sobre si considera que “el control de los medios por parte de un Gobierno es compatible con los principios, valores y legislación de la Unión Europea” y si “los gobiernos nacionales deberían esperar al resultado de las conclusiones de los trabajos que está desarrollando actualmente la comisión especial de Desinformación del Parlamento Europeo”.