Hacienda tarda casi tres años en abrir una inspección a Don Juan Carlos tras ser alertada por la Fiscalía

La Agencia Tributaria ha comunicado al Rey Emérito que ha iniciado una investigación sobre su fortuna oculta

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La Agencia Tributaria, que fue alertada en septiembre de 2018 por la Fiscalía Anticorrupción de que Don Juan Carlos I podía disponer de una fortuna oculta en Suiza, ha tardado casi tres años (dos años y nueve meses) en iniciar una inspección fiscal contra el Rey emérito.

Tal y como adelantó LA RAZÓN, los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano advirtieron en un escrito de septiembre de 2018 dirigido al juez Manuel García Castellón, que investigaba la pieza separada del “caso Villarejo” denominada “Carol”, que “las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones [de Corinna Larsen y el comisario José Manuel Villarejo] sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias y, en su caso, pudieran derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delito fiscal”.

Los audios publicados en la prensa señalaban que el monarca emérito, a través de su abogado en Suiza, Dante Canonica, creaba “estructuras” opacas, concedía préstamos y propiedades a Corinna Larsen que luego le reclamaba y ponía cuentas de bancos suizos a nombre de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, residente en Mónaco. También se le acusaba de recibir comisiones.

Técnicos de Hacienda

En el mismo escrito, Anticorrupción recordaba que los técnicos de Hacienda (Gestha) habían considerado el 12 de julio de 2018 que las conversaciones tenían “la entidad suficiente como para que la Agencia Tributaria (AEAT) les preste la máxima atención y las verifique”.

Los funcionarios de Hacienda remarcaban que el emérito “podría haber incurrido en infracciones tributarias muy graves”. Incluso, apuntaban que podía haber cometido “un posible delito de fraude fiscal en el IRPF de 2014” y blanqueo de capitales.

Dos años después, el 4 de septiembre de 2020, Anticorrupción volvió a reiterar su aviso a la Agencia Tributaria de que las conversaciones grabadas por Villarejo en las que aparecía el Rey emérito merecían “la atención de las autoridades tributarias”, y que podrían derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delito fiscal.

Álvaro de Orleans-Borbón

Sin embargo, Hacienda no ha comunicado a Don Juan Carlos I hasta fechas recientes la apertura de una inspección fiscal. Y ello ha permitido que el Rey emérito haya podido regularizar, en dos ocasiones, las operaciones financieras que realizó mediante la fundación panameña Lucum, o los pagos de sus viajes que sufragó la Fundación Zagatka, cuyo responsable es su primo lejano Álvaro de Orleans-Borbón.

La inspección fiscal abierta por Hacienda a Don Juan Carlos I se realiza de formacoordinada” con la Fiscalía del Tribunal Supremo, que mantiene abierta su investigación sobre la fortuna oculta del Rey emérito, según han informado a LA RAZÓN fuentes de las pesquisas.

Precisamente, el pasado 9 de marzo los técnicos de Hacienda emitieron una nota en la que defendían “la compatibilidad para abrir un procedimiento de inspección tributaria con las diligencias de investigación de la Fiscalía [...], que tienen carácter preprocesal y no conllevan necesariamente la posterior incoación de un procedimiento judicial”.

Una inspección “singular”

En este sentido, el secretario general del sindicato Gestha, José María Mollinedo, calificó ayer como “singular” la inspección a Don Juan Carlos I, ya que, según explica, la Agencia Tributaria ha prescindido de una etapa inicial, la de verificación de datos, que permite a los investigados realizar nuevas declaraciones complementarias.

Esto implica que Hacienda, si considera que la dos regularizaciones no son correctas, debería derivar a la Fiscalía su investigación por un delito agravado contra la Hacienda Pública, ya que Don Juan Carlos I no podría volver a regularizar sus cuentas: “Esta decisión nos sugiere que las complementarias que presentó el emérito van a ser completas. No van a fallar, ya que sería un error de bulto. Tal vez lo que se pretende es que se concluya que la situación está comprobada y conforme y que no haya ninguna duda”, completa José María Mollinedo.

18 meses para analizar las regularizaciones

La inspección de Hacienda no podrá alargarse más de 18 meses, aunque en casos excepcionales sí podría ampliarse 9 meses más. Deberá finalizar con unas actas, en las que los inspectores determinarán si las regularizaciones del emérito, que superaron en conjunto los 5 millones, no son completas, por lo que habría cometido un delito contra la Hacienda Pública. Si todo está correcto los funcionarios elaborarán un acta denominado “comprobado y conforme”.