El TJUE tardará hasta 18 meses en decidir sobre Puigdemont

Carles Puigdemont salió ayer en libertad y sin medidas cautelares después de declarar durante más de dos horas ante el Tribunal de Sassari, en Cerdeña. Los magistrados italianos suspendieron el procedimiento de entrega del ex presidente de Cataluña a España hasta que la Justicia europea no se pronuncie sobre su inmunidad (después de que su equipo de letrados solicitara el viernes medidas cautelares) y las cuestiones prejudiciales que solicitó el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y que la Justicia europea admitió a trámite el pasado 4 de mayo sobre el alcance de la euroorden.

En concreto, el Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo tiene que responder a las consultas hechas por el juez instructor sobre qué criterios rigen las euroórdenes después de que Bélgica rechazara la del exconseller Lluís Puig por falta de competencia del Tribunal Supremo. Por otra parte, se espera que el Tribunal General de la UE decida si devuelve la inmunidad parlamentaria a Puigdemont para que pueda desplazarse por Europa sin temor a ser detenido. De esta forma, todos los caminos conducirán a Luxemburgo en un proceso que previsiblemente será largo.

Y es que según recuerdan a LA RAZÓN las fuentes consultadas, en este tipo de procedimientos la vista entre las partes suele celebrarse de media un año después de que comience el proceso. Tras este paso, la sentencia llega en un periodo entre tres y cuatro meses, aunque a veces puede alargarse hasta seis. En algunas ocasiones, el abogado general decide tras la vista presentar sus conclusiones, un primer veredicto no vinculante que en muchas ocasiones anticipa el fallo definitivo. Se desconoce todavía si en el caso de Puigdemont el abogado general decidirá pronunciarse. Tras las conclusiones de éste es necesario esperar otros tres meses hasta la sentencia firme. De media, el proceso suele dilatarse 18 meses.

El Tribunal de Justicia de la UE decidió el pasado mes de mayo rechazar la petición del Tribunal Supremo de que este caso se tramitara por la vía de urgencia. Esto supone que cualquier decisión sobre el alcance la euroorden no llegará hasta el último trimestre de 2022 y sólo entonces podrá reactivarse el procedimiento en los tribunales belgas. La corte española decidió elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE para que éste se pronuncie sobre si el Tribunal Supremo es competente para realizar la petición de entrega de Carles Puigdemont. Los tribunales belgas rechazaron la solicitud de la Justicia española en caso del exconseller Lluis Puig al considerar que el Alto Tribunal español no tenía jurisdicción en este asunto y, por eso, el presidente del Supremo, Pablo Llarena, decidió remitir el caso a la corte europea ante el temor de que los tribunales belgas puedan pronunciarse en el mismo sentido.

Aunque el Alto Tribunal europeo falle a favor del Supremo, este paso sólo significa que la Justicia belga volverá a la casilla de salida y examinará si existe equivalencia entre los delitos imputados a Puigdemont los que recoge el ordenamiento belga. Mientras se dirime el caso, el expresident seguirá siendo eurodiputado y sólo perderá esta condición si acaba siendo entregado a la Justicia española.

En el caso de las medidas provisionales sobre la inmunidad parlamentaria, las fuentes consultadas prefieren no hablar de plazos, ya que el ordenamiento jurídico no los prevé, y recuerdan que la corte europea suele adaptarse a las circunstancias si éstas exigen un veredicto de urgencia.

Antes de pronunciarse, el Tribunal General deberá escuchar al Parlamento Europeo. El pasado 30 de julio, el Tribunal Europeo consideró que Carles Puigdemont debía perder su inmunidad parlamentaria ya que no existía un riesgo inminente de ser detenido, tal y como alegaban los abogados de su defensa.

Y mientras arranca esta larga batalla judicial en Europa tras la decisión del Tribunal italiano, el expresident volvió a acusar a España de usar el poder judicial para lograr objetivos políticos. «Es el momento de decirle a España, basta. Basta de seguir un camino que no le da ha dado ningún resultado positivo, un camino que dificulta una resolución política de un conflicto político, el conflicto entre Cataluña y España, que consiste en negar a los catalanes el derecho a decidir su futuro, a ejercer el derecho a la autodeterminación», dijo en una rueda de prensa. Por su parte, su abogado, Gonzalo Boye, defendió que el Tribunal Supremo no era «competente» para emitir la euroorden que permitió a la policía italiana detener al eurodiputado en Cerdeña el 23 de septiembre.