La Fiscalía de Ecuador investiga a Monedero por contratos electorales de Neurona

El politólogo y fundador de Podemos Juan Carlos Monedero está siendo investigado por la Fiscalía de Ecuador por un presunto delito de enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público ecuatoriano ha informado de que cuestiona el papel de Monedero como observador electoral en las pasadas elecciones, cuya segunda vuelta se celebró el 11 de abril. La acusación pública sospecha que Monedero obtuvo ganancias ilegales por un contrato supuestamente fraudulento entre el ex candidato del Movimiento Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, y la filial en Ecuador de la consultora mexicana Neurona por valor de 17,2 millones de euros. El movimiento ciudadano Patria Sin Corrupción elaboró una petición a la Fiscalía para abrir diligencias sobre estas presuntas irregularidades y el rol de Monedero en los pasados comicios presidenciales que ganó el candidato conservador Guillermo Lasso.

El expresidente Rafael Correa, referencia de Andrés Arauz, tildó de «descaro» el proceso y aseguró que es «la respuesta del gobierno a los papeles de Pandora» en los que se ha visto envuelto el presidente Lasso.

Monedero se enfrenta a una posible acusación de cinco años de cárcel si la Fiscalía encuentra evidencias de falsedades en el contrato con Neurona que involucren al fundador de Podemos. El representante de Patria Sin Corrupción, Carlos Andrés Aguilar, ha presentado ante el Ministerio Público el supuesto contrato fraudulento. Según denuncia Aguilar, el documento evidencia irregularidades durante la campaña electoral en los acuerdos de consultoría política entre el partido de Andrés Arauz y la consultora mexicana.

Los españoles Sergio Martín y Alfredo Serrano, accionistas del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, también están siendo investigados por las autoridades ecuatorianas.

El foco de la Fiscalía se centra también en el ecuatoriano Maura Alejandro Andino, antiguo director del Servicio Nacional de Aduana de Ecuador.

La Fiscalía ha llamado a defender su versión libre y voluntariamente a Monedero y a los representantes del partido Unión por la Esperanza, cercano a Arauz, según señala el diario ecuatoriano Expreso. La investigación involucra a Monedero y otras 23 personas. La Fiscalía del Ecuador no ha brindado otros detalles de la investigación pues se encuentra en la etapa en que las diligencias están cerradas. La información del Ministerio Público todavía es reservada.

La consultora Neurona ha contratado en varias ocasiones a Monedero. Como ha recordado Aguilar, Monedero tiene causas abiertas en España. Uno de los fundadores del partido que gobierna junto al PSOE está siendo también investigado por la Justicia española por supuesta malversación de fondos.

Monedero reconoció en marzo ante el juez que la factura que emitió a la empresa mexicana de 26.200 euros por trabajos de consultoría política «no está hecha correctamente» porque no es un experto fiscal: «No voy a poder dar clases de cómo se hace una factura».

El juez sospecha que fue una comisión para que el partido de Andrés Arauz contratara a la filial española de Neurona en la campaña electoral de 2019. El profesor de Políticas de la Universidad Complutense de Madrid entregó al juzgado correos electrónicos, datos sobre vuelos y otras pruebas para tratar de demostrar que el contrato de 26.200 euros emitido por trabajos encargados a Neurona obedece a 300 horas de trabajo en México, Argentina y Colombia.

El magistrado cree que es una factura simulada para cobrar una mordida por la contratación de la filial de Neurona en España por parte del partido del expresidente Correa y el excandidato Andrés Arauz, Movimiento Revolución Ciudadana.

La causa involucra a otras empresas relacionadas con Podemos como Ingeniera Control IFP, Global Business Consultants y Vice Corporation. La primera investigación en contra de la campaña de Arauz se produjo por la supuesta ayuda económica de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional. Los dirigentes del correísmo han tildado ambas acusaciones como «persecuciones políticas».