Anticorrupción pide la imputación de Esperanza Aguirre por la reducción de camas en un hospital de Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por haber reducido de forma presuntamente ilegal 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro. El Ministerio Público alega que se hizo sin seguir los cauces administrativos correctos y causando un menoscabo de más de 10 millones de euros a las arcas públicas, según ha adelantado ABC y han confirmado a LA RAZÓN fuentes jurídicas.

El caso nace de una querella que la propia Fiscalía Anticorrupción interpuso en diciembre de 2020 en el Juzgado de Instrucción 53 de Madrid y en la que se investigan las irregularidades en la explotación de este centro sanitario. La denuncia iba dirigida contra la que fue directora General de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios en Madrid entre 2008 y 2011, Elena de Mingo, que está investigada desde entonces por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ahora, la Fiscalía pide ampliar estas acciones contra Aguirre y otros responsables que creen que estuvieron al tanto de estos mecanismos fraudulentos.

Los hechos que se indagan tienen que ver con una modificación del contrato de construcción y explotación del hospital. Éste se llevó a cargo por un conglomerado de empresas -una UTE formada por Dragados, Sufi y Bovis Lend Lease- que supuestamente cobraron durante años cantidades millonarias por servicios “nunca prestados”. En concreto por estas 135 camas que no estaban en servicio.

En 2008 fue inaugurado el Hospital Puerta de Hierro, uno de los siete que se levantaron por aquella época con un sistema público-privado. Ese modelo consistía en que una serie de empresas constituían el edificio y, a cambio, recibían un canon por las obras y por encargarse de los servicios sanitarios que se calculaba en función de las camas y la ocupación. En aquel momento estas 135 habitaciones figuraban como dobles, pero pasaron a ser individuales en un cambio que no se hizo siguiendo los procedimientos administrativos adecuados. Y para avalar jurídicamente esta decisión, la Consejería de Sanidad se apoyó en una resolución dictada por la Dirección General que lideraba De Mingo.