El último frente judicial para Don Juan Carlos se espera para enero

El juez de Londres podría preguntar a España si el Rey pertenece a la Casa Real, pero fuentes cercanas al procedimiento descartan que el país consulte a Exteriores

El rey Juan Carlos I asistió s al Centro Internacional de Tenis Zayed Sports City de Abu Dabi para presenciar al tenista Rafael Nadal
El rey Juan Carlos I asistió s al Centro Internacional de Tenis Zayed Sports City de Abu Dabi para presenciar al tenista Rafael Nadal FOTO: ALI HAIDER EFE

El primer mes de 2022 vendrá acompañado, previsiblemente, de varias noticias que afectarán al Rey Juan Carlos I. La primera, positiva para él, relacionada con el archivo de sus investigaciones de carácter económico pendientes en la Fiscalía del Tribunal Supremo. La segunda, según las fuentes consultadas, relativa a la denuncia interpuesta por Corinna Larsen en Londres por un supuesto delito de acoso. Una acusación que es, además, la única piedra en el zapato que ahora mismo, y una vez cerradas también las diligencias de Suiza, puede enturbiar el futuro del monarca. El juez inglés Matthew Nicklin ya tiene sobre la mesa todo el material para determinar su propia competencia sobre un exjefe del Estado español y la «imprevisible» decisión se espera en el inicio del año.

LA RAZÓN ha accedido a documentación que obra en la causa e informes con los que el magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia Británico deberá resolver. Después de la batalla judicial que Larsen emprendió a finales de 2020, Juan Carlos contrató al despacho Clifford Chance para ejercer su defensa. De acuerdo con el proceso en la capital de Reino Unido uno de los miembros de este despacho declaró el 18 de junio de 2021 «como testigo» (algo que las fuentes consultadas no son capaces de concretar qué encaje tendría en España).

Este testigo identificado como Sr. Kosky explicó al juez cómo funciona la Corona en España, en qué consiste el Real Decreto con el que en 2014 se establecieron los términos de la abdicación de Don Juan Carlos y aportó documentación traducida al inglés como, por ejemplo, la Constitución española. Matthew Nicklin necesita delimitar si el monarca pertenece al núcleo más cercano de Felipe VI («household») al que, de ser así, se extendería la protección.

Para combatir esa declaración, los abogados de Larsen del despacho Kobre & Kim presentaron un informe en octubre de este año que contradecía algunos de estos puntos sobre el marco constitucional y derecho legal español. Se lo encargaron a José Antonio Choclán que, además de abogado ha sido juez en la Audiencia Nacional y, remarca en el documento, que por eso conoce la competencia sobre los delitos cometidos en el extranjero. «El demandado no es el Rey de España ni por tanto es el Jefe del Estado español desde su abdicación en junio de 2014, ostenta el título de Rey exclusivamente de manera honorífica, sin competencia ni prerrogativa constitucional», indica.

La defensa del monarca buscó un perfil de jurista parecido para el contraataque y el abogado (que también fue juez) Bernardo del Rosal elaboró otro documento que se entregó el 19 de noviembre con los argumentos contrarios: Don Juan Carlos recibe honores militares, sigue siendo Capitán general de las Fuerzas armadas y ha ejercido un cargo representativo tiempo después de su abdicación, hasta que en 2019 se retiró de los focos.

Con el armazón jurídico español en la mano, el titular londinense pidió a ambos letrados que se sentaran juntos y elaboraran un tercer informe para explicar los puntos en los que estaban de acuerdo y aquellos en los que discrepaban. Éste se envió el 24 de noviembre y ponía en común sin resquicio de duda que el Rey era inviolable hasta 2014 como así lo dice la Carta Magna.

Pero discrepaba en otras cuestiones. A favor de que sigue siendo miembro de la Casa Real: aunque ya no es inviolable sigue estando aforado ante el Tribunal Supremo por lo que no es un ciudadano cualquiera; forma parte del núcleo duro de la Familia porque así lo pone, por ejemplo en la página web; después de abdicar siguió recibiendo asignación económica; y el Estado sigue pagando su seguridad. En contra: ninguna ley aclara las competencias que tiene después de haber renunciado al trono; Felipe VI le ha retirado la asignación económica; la seguridad corre a cargo del Gobierno, pero no de la Corona.

Ante la duda, el magistrado podría pedir al Gobierno español que se pronunciara sobre la situación del Borbón. Sin embargo, fuentes conocedoras del procedimiento creen que este extremo no se llegará a producir porque pondría al Ejecutivo en una situación muy comprometida. Así que Nicklin diseccionará todos estos documentos a los que añadirá los argumentos que ambas partes expusieron en las dos vistas celebrada a principios de este mes de diciembre. En base a su Ley de Inmunidad (State Immunity Act) de 1978 el juez resolverá. La clave: el artículo 20 que extiende la inviolabilidad a la Familia del Rey.