Sánchez y Díaz chocan por la negociación de la reforma laboral

El triunfalismo del Gobierno tras rubricar el pacto para la reforma laboral se diluye a medida que avanzan los días. Lo que al cierre de 2021 era un «éxito» y se calificaba de hito «inédito» por hacer logrando concitar el apoyo de patronal y sindicatos, ha mudado unas semanas después en un auténtico quebradero de cabeza para el Ejecutivo, ante las dificultades para convalidar el acuerdo. La reforma laboral entró en vigor tras pasar por el Consejo de Ministros del 28 de diciembre, pero el pacto que se alcanzó en el marco del diálogo social todavía se tiene que avalar en el Congreso de los Diputados para culminar su aprobación. La fecha para ello es la primera semana de febrero y el Gobierno no tiene todavía los números suficientes para hacerlo posible.

Esta semana, tal como publicó este diario, el presidente del Gobierno ordenó a los suyos centrar todos sus esfuerzos en desbloquear el nuevo marco laboral. Después de días «distraídos» intentando desactivar las polémicas declaraciones de Alberto Garzón sobre las macrogranjas, Sánchez quiere que todas las energías se vuelquen ahora en este objetivo, que supone la máxima prioridad para Moncloa. Hasta el momento, las negociaciones con los socios de investidura las estaba pilotando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con más conexión en el espectro de la izquierda. Sin embargo, Sánchez también encomendó esta misión a su mano derecha en el Gabinete, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que se ha movido en un plano más discreto, entre bambalinas, sin contactos oficiales.

Sin embargo, a medida que los días pasan y las negociaciones no se concretan en apoyos, no ya favorables, sino al menos facilitadores: el objetivo es lograr el número suficiente de abstenciones para que los «síes» superen a los «noes», el clima entre los socios vuelve a enrarecerse. Surgen de nuevo choques por la manera en que se están desarrollando las negociaciones. Sánchez y Díaz discrepan tanto en la forma como en el fondo. La vocación del presidente del Gobierno es «preservar» al máximo el acuerdo. Esto es, no tocar una coma de lo pactado con los agentes sociales. En Moncloa reivindican el esfuerzo y la importancia de lo logrado, poner de acuerdo a sindicatos y patronal, y no quieren echar por tierra el trabajo realizado con cambios que puedan desvirtuarlo. Además, desde la CEOE ya se ha advertido de que cualquier modificación les expulsaría del pacto.

Esta posición del presidente no coincide con la de la vicepresidenta que, en el fragor de la negociación con los grupos, ha asumido que es necesario introducir algún retoque para que los aliados tradicionales del Gobierno puedan avalar la reforma laboral. En concreto, Yolanda Díaz estaría dispuesta a estudiar una de las exigencias del PNV: la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. Sin embargo, en Moncloa no lo aceptan porque aseguran que esta opción no cuenta con el respaldo del diálogo social. Concretamente, quienes más explícitos se han mostrado en su rechazo han sido los empresarios y su presidente, Antonio Garamendi, que aseguró que aceptar esta demanda «rompería la unidad del mercado».

No es la única unidad que está en juego, también la del bloque de la coalición. Hasta ahora Díaz está priorizando –sin éxito– a los socios de la investidura, la entente que da estabilidad al Gobierno. Sin embargo, ante las dificultades para sumar apoyos, en Moncloa no están dispuestos a cerrarse puertas y llevan semanas haciendo un llamamiento a «todos los partidos». Incluido Ciudadanos y también el Partido Popular, al que la portavoz del Gobierno, hizo una apelación directa en la última rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. «Nos gustaría contar con el PP en esta reforma laboral, fue un error su reforma laboral 2012 y sería un doble error no sumarse ahora», aseguró Isabel Rodríguez.

Aunque en el Ejecutivo quieren priorizar a los partidos con quienes tienen «más afinidad ideológica», sí se hace una llamada a la responsabilidad a la «inmensa mayoría» de las fuerzas parlamentarias. Una llamada que no viene exclusivamente del Gobierno, sino que desde Moncloa se ha movilizado también a empresarios y sindicatos para que muevan sus hilos en los partidos políticos entre los que tienen cierto predicamento. La patronal se ha puesto en contacto con Ciudadanos, que es la nueva variante que opera para el Ejecutivo ante la falta de receptividad por parte de los socios habituales. Aunque, según fuentes gubernamentales, los contactos con los de Inés Arrimadas no han comenzado, que la geometría variable vuelva a estar sobre la mesa del Gobierno no gusta a Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda es consciente de que, si la reforma laboral acaba avalada por partidos de centroderecha, el éxito del acuerdo inédito logrado con los agentes sociales quedará diluido. Una reforma laboral que forma parte del crédito político de Díaz de cara a su futura plataforma electoral. Consciente del valor que tiene para ella, también los socios aprietan por este flanco. Solo así se entiende el ataque de Gabriel Rufián ayer a la vicepresidenta, asegurando que ERC «no negocia ni vota proyectos personales».