El CGPJ pide medios para evitar el “colapso” de la Sala que ve los asilos en la Audiencia Nacional

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido auxilio para la Sala de la Audiencia Nacional encargada de ver los asuntos de asilo y refugio. Estos asuntos han incrementado un 812% en 2021 respecto al año anterior -especialmente de peticionarios de Latinoamérica- , según los datos facilitados por el órgano, así que la Sala de lo Contencioso Administrativo necesita refuerzo urgente para lo que pide autorización económica al Ministerio de Justicia.

El Poder Judicial avisa de lo “preocupante” de la situación. Y da cifras: la “avalancha” de asuntos de asilo y refugio irá a más, pero con los datos actuales solo en 2021 se presentaron un total de 9.146 nuevos asuntos en esta materia (un 812% más respecto de 2020 y un 711% más de 2019). Estos se suman a una montaña de papeles que esta jurisdicción de la Audiencia Nacional ya tenía sobre la mesa y que a 31 de diciembre de 2021 sumaban 29.096 en total.

Con estos dígitos, el pasado 28 de marzo la Sala de Gobierno de ese órgano elevó un informe al CGPJ para poner solución y paliar las “muy graves dificultades” que van a atravesar si no se solventa. La medida propuesta pasa por un auto refuerzo integrado por los ocho magistrados de la propia Sala. Cada cual debería dictar al menos 10 sentencias adicionales a la semana, lo que suma unas 40 mensuales relacionadas con asilo y refugio. Así durante seis meses que se podrían prorrogar. En el cómputo que hace el CGPJ serían unas 3.200 sentencias más al mes.

Los magistrados percibirán una retribución del 80% del complemento de destino en la Sala y constituirán una o dos secciones dedicadas en exclusiva a la tramitación de estos asuntos. Las dirigirá, eso sí, el presidente de la Sala para que se aseguren los criterios de unidad. Pero, además, el CGPJ pide al Ministerio de Justicia que convoque comisiones de servicio de magistrados que no formen parte de esa Sala. Por el momento, todas estas peticiones no tienen que ver con refugiados ucranianos ya que estos tienen un cauce legal diferente para quedarse en España, después del acuerdo de la Unión Europea que les distribuye un permiso de hasta dos años para vivir y trabajar en cualquier territorio comunitario.