La directora del CNI admite 18 escuchas a independentistas

Esteban reconoce el espionaje «legal y bajo orden judicial», pero no convence a ERC. Aragonès asegura que la crisis se agrava

Alrededor de cuatro horas duró la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, quien dio cuenta en la comisión de Gastos Reservados del Congreso sobre las numerosas informaciones que han salido sobre la polémica del espionaje a políticos mediante el sistema Pegasus.

A puerta cerrada y sin móviles en la mesa, los diez diputados autorizados por el Pleno del Congreso para conocer secretos oficiales, estaban obligados a no divulgar las informaciones obtenidas durante su transcurso. Pero esa no era la única medida de seguridad establecidas en esta comisión en la que la directora del CNI no solo informó, sino que aportó documentos. Sus señorías pudieron tomar notas, pero no obtener originales, copias o reproducciones de las mismas y los teléfonos móviles, tablets o portátiles se quedaron fuera de la sala, en una caja metálica.

Entre los miembros que tenían acceso a la comisión se encontraban cuatro independentistas: Gabriel Rufián (ERC), Mertxe Aizpurua (Bildu), Miriam Nogueras (Junts) y Albert Botran (CUP). –Estos dos últimos diputados catalanes figuran en la lista de diputados que habrían sido espiados por Pegasus, según publicó The New Yorker-.

Según destacó el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Héctor Gómez, la directora del CNI hizo un «ejercicio de transparencia», al tiempo que puso en valor el conjunto real de su comparecencia en la que profundizó sobre «determinada desinformación que ha circulado».

Durante la comparecencia también se hizo referencia a la injerencia de los teléfonos infectados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles –que también denunciaron haber sido espiados, pero la comisión no pivotó sobre este asunto–. En esta línea, indicó que debe ser el Ejecutivo quien dé explicaciones de si ambos fueron espiados. La portavoz Cuca Gamarra pidió al Gobierno que explique cuándo tuvo la información de vulnerabilidad de esos sistemas telefónicos.

La directora del CNI admitió escuchas y, según revelaron algunos de los allí presentes habría reconocido que fueron hasta 18 los independentistas espiados, todos ellos «conforme a la legalidad y con orden judicial» entre los que se encuentra el presidente de Cataluña, Pere Aragonés. Sin embargo, los 47 restantes no habrían sido escuchas por parte del CNI.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban y la de EH Bildu, Mertxe Aizpurua coincidieron con expresiones muy similares en las que destacaron que la comparecencia de la directora del CNI deja «tela por cortar» y «cosas por aclarar».

En esa misma línea se manifestó el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien destacó que las incógnitas siguen sobre la mesa desde el mismo momento en que Esteban evitó incluso confirmar si los espionajes se han llevado a cabo con dicho software. El portavoz de ERC insistió en que sale «igual» que entró a la Comisión de Secretos Oficiales y aseguró que, tras esta sesión, «se hace más patente que nunca» la necesidad de una comisión de investigación porque «no tiene sentido» que no pueda decir «nada más de lo ya publicado». Pese a ello, comentó que se habló de dos tipos de espionaje, uno procedente de una nación extranjera y otro procedente de organismos del Estado.

PSOE, PP, Vox y Cs apuntaron que se había «constatado» que todo siempre «se llevó a cabo conforme a las autorizaciones judiciales oportunas para que pudieran actuar», la «transparencia» de Esteban y su rigor.

Por su parte, desde Unidas Podemos, ERC y Junts solicitaron que la información recibida en la comisión de secretos oficiales se hiciera pública para así evitar más desinformación. De hecho, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique escribió a Félix Bolaños para trasladarle dicha petición.

El presidente de la Generalitat no estuvo en la sala, pero fue el principal protagonista porque es el político de mayor rango afectado por el espionaje. Y, en este sentido, Pere Aragonès aseguró que las revelaciones de Esteban han aumentado «la gravedad del caso de espionaje». «Estamos ante una vulneración flagrante del derecho a la intimidad, de participación política e institucional, tanto de las personas espiadas como de todas aquellas que han estado relacionadas», señaló.

Por todo ello, Aragonès exigió que se desclasifique «inmediatamente» la autorización judicial para conocer las motivaciones del espionaje y poder ejercer el derecho de defensa. «Es urgente recibir todas las explicaciones públicas sobre esta cuestión, así como saber quién dio la autorización política y quién tenía constancia», añadió el president, quien considera que se debe dar una respuesta «al más alto nivel»: es decir, vuelve a exigir una cita con Pedro Sánchez para aclarar todo lo sucedido. El president también aprovecha para insistir en que es «inaplazable» la asunción de responsabilidades y, en este sentido, ya ha pedido en más de una ocasión la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles. No obstante, el cese de Robles es prácticamente inviable por su enorme peso en el Gobierno.