La Guardia Civil desvincula al CNI de la investigación por terrorismo a los CDR

Seis guardias civiles que participaron en la “operación Judas” que llevó en 2019 a la detención y posterior procesamiento de trece miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) han ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, según fuentes jurídicas, que los investigaron ante la existencia de indicios delitos de terrorismo.

Los seis agentes han comparecido como testigos en una de las últimas diligencias pendientes antes de que el instructor decida si envía al banquillo a los procesados (respecto a uno de ellos, Xavier Duch, archivó el procedimiento el pasado marzo por sus problemas de salud).

En el auto de procesamiento, García Castellón asegura que todos ellos formaban parte de la rama de mayor “radicalidad” de los CDR, el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), a los que se encargaron las acciones más “sensibles” para lograr la independencia de Cataluña “empleando para ello la violencia en su máxima expresión”.

Los guardias civiles, según esas mismas fuentes, han negado a preguntas de las defensas de los CDR que la operación se llevase a cabo en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Así, todos han dejado claro que “ni suministraron información al CNI, ni recibieron información de los servicios de inteligencia ni tampoco instrucciones de éstos”. Fue, han insistido, una operación en la que únicamente tomó parte la Guardia Civil y que se ciñó a la colaboración habitual entre sus unidades.

Los abogados de cinco de los CDR que han estado presentes en la comparecencia, dos de ellos de forma telemática, han sacado a colación de forma tácita el espionaje a través de Pegasus al preguntar a los agentes si habían utilizado para llevar a cabo las escuchas a los investigados otro sistema distinto a Sitel (el habitual que usan el Instituto Armado y la Policía).

Avalan la reunión con la hermana de Puigdemont

Durante las dos horas que ha durado la comparecencia, los guardias civiles han ratificado sus informes aunque no han querido entrar en detalles dado el tiempo transcurrido, a la espera de que en su caso sean llamados al juicio como testigos-peritos. Sí han corroborado, sin embargo, que la investigación puso de relieve la existencia de una reunión “itinerante” entre los CDR y la hermana de Carles Puigdemont.

García Castellón -que según las fuentes consultadas no ha efectuado ninguna pregunta a los agentes, como tampoco ha hecho el fiscal Miguel Ángel Carballo ni el abogado de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), Ignacio Fuster-Fabra- no ha puesto cortapisas al interrogatorio de los abogados de las defensas, que denunciaron indefensión por no tener acceso a una investigación secreta previa a la “operación Judas” entre abril de 2018 y septiembre de 2019.

Con esas pesquisas en el punto de mira, las defensas han preguntado insistentemente a los agentes si tuvieron conocimiento de los investigados con anterioridad a esa operación. Salvo dos de los agentes, el resto ha explicado que para ellos eran unos desconocidos antes de 2019. La investigación comenzó, han subrayado, con el atestado inicial.

Según han relatado, llegó un momento de la investigación en que“vieron indicios de que se estaban preparando acciones terroristas”, por lo tomaron la decisión de “lanzar la operación y detenerlos”, tras recabar el permiso judicial, porque resultaba “peligroso”.