El Gobierno activó el relevo en el TC por la «nula voluntad» del PP a pactar el CGPJ

«Chantajes, ninguno». El tono en Moncloa es grave, el enfado con el PP ha llegado a un punto de no retorno. El Gobierno ha decidido dejar de esperar a que el principal partido de la oposición se avenga a cumplir con sus obligaciones constitucionales. Ha optado por autoenmendarse para dar una salida a la trampa que él mismo se tendió cuando maniató al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer nombramientos con el mandato caducado. La rectificación a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permitirá ahora que opere con normalidad, pese a estar en funciones, supone un coste político para el Ejecutivo, pero que asumen para lograr «un bien mayor»: cubrir las cuatro plazas de los magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato finalizó el pasado 12 de junio.

En Moncloa amagaron, en un primer momento, con nombrar a los dos jueces que les corresponden, sin esperar a los dos del CGPJ; pero, conscientes del «debate jurídico» que se había generado y temiendo un nuevo choque entre el poder Ejecutivo y el Judicial, si el Pleno del Tribunal Constitucional optaba después por tumbar los nombramientos, han decidido recapitular y optar por una «fórmula» que consideran «legalmente impecable» y que «refuerza el prestigio» del TC. En el Gobierno despachan toda la responsabilidad en el principal partido de la oposición, por su incumplimiento de la ley y las «excusas infinitas» para obedecer el mandato constitucional. Fuentes consultadas por este diario aseguran que en contactos informales con el PP se apreció su «nula voluntad de renovar el Consejo General del Poder Judicial» y «no vamos a sumar a la interinidad del CGPJ la del Tribunal Constitucional», destacan.

En el Ejecutivo asumen que al PP no le penaliza mantener, ya más de tres años y medio, bloqueado el órgano de gobierno de los jueces y entienden que «les resbala cualquier presión». De hecho, la reforma que impedía hacer nombramientos en funciones al CGPJ y que el Gobierno impulsó hace un año tenía como intención atraer a los populares al acuerdo. La dirección de Casado fue inmune a los esfuerzos gubernamentales y la de Feijóo ha seguido su estela. En Moncloa aseguran que ha asumido los mismos postulados de su predecesor y le acusan de «mentir a los españoles» por decir que ahora se rompe la negociación. «Esa negociación no existía», se revuelven en el Ejecutivo.

«No había ninguna mesa, Feijóo lleva sin sentarse desde que es presidente del PP. Más de 80 días sin sentarse», aseguran. Más vehemente se mostró el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, interlocutor del PP en las conversaciones para la renovación del CGPJ, a quienes afeó estar «todos los días mareando la perdiz, con mil y una excusas para incumplir la Constitución. Cada día incumplen la Constitución. Ya no es tiempo de excusas. No puede dar por rotas unas negociaciones que no se estaban produciendo», destacó. Desde el Ejecutivo aseguran, que devolver al CGPJ sus atribuciones para hacer nombramientos era una «fórmula» que el PP había defendido en público y en privado y esperan que ahora cuente con su aprobación y la de otros grupos del Congreso de los Diputados.

El portavoz socialista, Héctor Gómez, presentó ayer en el Congreso la proposición de ley para revertir la reforma de la LOPJ y lo hizo sin la firma de sus socios de coalición, Unidas Podemos, que dicen no haber pactado el cambio. Una postura que no comparten en el PSOE, que aseguran que «se ha hablado con ellos» y no esperan que existan dificultades para sacarla adelante. El objetivo es que se pueda aprobar con una mayoría solvente –la de la investidura– a mediados de julio, para que pueda pasar al Senado para su aval definitivo en la tercera semana de este mes y estar lista antes del descanso estival.

Fuentes gubernamentales consultadas por este diario ponen el acento en el ejercicio de «responsabilidad» del Gobierno, pese a que el cambio de criterio les pueda «perjudicar». «Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias», dicen, colocando como telón de fondo las decisiones que el TC debe tomar sobre las leyes del aborto o la eutanasia a corto plazo.