De la reforma del CGPJ al aborto y la eutanasia: los retos del nuevo TC

El nuevo Tribunal Constitucional que surja tras la renovación que impulsa el Gobierno –rectificando la reforma que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos en funciones para desbloquear así el relevo de la institución– tendrá sobre la mesa un buen número de asuntos de calado, que en algunos casos afectan a estandartes de la gestión de gobierno de Pedro Sánchez.

Y una vez prospere la renovación, lo hará con mayoría progresista en el TC, una vez abandonen el tribunal su presidente, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez (que fueron elegidos en su día a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy) y Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez Vares (designados ambos por la cuota del CGPJ). A partir de entonces, habrá siete magistrados progresistas y cinco conservadores (cuatro mientras siga de baja Alfredo Montoya o sea sustituido).

La cuestión no es menor. Tras los varapalos que supusieron para el Ejecutivo que el Constitucional declarase parcialmente contrarios a la Carta Magna el primer y el segundo estado de alarma durante la pandemia, así como el cerrojazo al Congreso, el Gobierno aún está a la espera de que el TC se pronuncie, por ejemplo, sobre la reforma legal con la que cercenó las competencias del CGPJ una vez expirado su mandato para forzar al PP a negociar su renovación.

El CGPJ, maniatado

Ésta era precisamente una de las vías para que el Consejo recuperase su capacidad de cubrir las vacantes judiciales (y no solo para designar a los dos magistrados que le corresponde nombrar ahora para renovar junto al Gobierno a cuatro jueces del TC). No en balde, una declaración de inconstitucionalidad (PP y Vox recurrieron esa reforma) permitiría de forma inmediata al Consejo del Poder Judicial recuperar la posibilidad de hacer nombramientos (62 se acumulan ya sobre su mesa, 14 correspondientes al Tribunal Supremo).

Pero incluso con la renovación del TC ya en marcha por mor de la contrarreforma anunciada por el PSOE (que deberá aún convencer a sus socios), una posible declaración de inconstitucionalidad (los ponentes de ambos recursos son los magistrados progresistas María Luisa Balaguer y el vicepresidente Xiol) supondría sin duda otro baldón para el Gobierno.

Pero, sobre todo, permitiría al órgano de gobierno de los jueces poner en marcha el proceso para cubrir todas las vacantes pendientes (si PSOE y PP no son capaces de ponerse de acuerdo antes sobre la renovación del CGPJ). Sin embargo, fuentes del TC apuntan que no será hasta el próximo otoño cuando el asunto llegue al Pleno.

Ley Celaá y la retirada del escaño a Alberto Rodríguez

El Ejecutivo también mira de reojo al Constitucional por otras dos leyes que han significado sendas apuestas de relevancia en su gestión: la ley Celaá y la que regula la eutanasia. PP y Vox recurrieron ambas normativas, pero el TC aún no ha entrado en harina.

Otro asunto de especial trascendencia que espera sentencia es el recurso del PP contra la ley del aborto. Más de once años han pasado desde la admisión a trámite, una anomalía a la que González-Trevijano quiere poner remedio llevando el asunto al Pleno antes de abandonar la institución.

Más allá de estos asuntos, el TC ha de pronunciarse –entre otras muchas cuestiones– sobre la retirada del escaño al diputado de Podemos Alberto Rodríguez tras ser condenado por dar una patada a un policía en una protesta. Y también sobre la repetición del juicio a Arnaldo Otegi por intentar reconstruir Batasuna, una decisión que el líder de EH Bildu recurrió en amparo.