Una juez pregunta a Anticorrupción si impone a Rubiales y Piqué una fianza civil de 24 millones

Una juez de Majadahonda (Madrid) ha abierto diligencias previas para investigar una denuncia por administración desleal y corrupción en los negocios contra Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), y Gerard Piqué al apreciar indicios de delito.

Así lo ha acordado la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de la citada localidad madrileña, Delia Rodrigo, en una resolución (adelantada por Iusport y a la que ha tenido acceso este diario) en la que la magistrada considera necesario esclarecer los hechos denunciados por la asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que preside el excandidato a la RFEF Miguel Ángel Galán, dado que, argumenta la juez, no están aún determinadas su “naturaleza y circunstancias” ni tampoco “las personas que en ellos han intervenido”.

En ese mismo auto, la instructora ordena poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción las actuaciones para que en primer lugar, como es habitual, informe sobre “la competencia de este juzgado para conocer de la presente causa” y en relación a las diligencias de investigación abiertas en Anticorrupción sobre este asunto. Además, la magistrada quiere que el Ministerio Público se pronuncie sobre la medida cautelar instada por la asociación querellante, que solicitó al juzgado que impusiese a Rubiales y Piqué una fianza solidaria de 24 millones de euros para hacer frente a eventuales responsabilidades civiles por el supuesto perjuicio causado a las arcas de la Federación Española de Fútbol y de otra adicional de 46.063 al actual mandatario federativo.

La querella: un “contubernio a costa de la RFEF”

Esos 24 millones se corresponden con la cantidad que habría cobrado de comisión Kosmos, la empresa de Piqué, gracias al contrato firmado en septiembre de 2019 para llevar la final de la Supercopa a Arabia Saudí las próximas seis ediciones.

Asimismo, insta a la asociación querellante -a la que reclama una fianza de 10.000 euros para personarse en el procedimiento como acusación- a informarle “del número de diligencias de investigación abiertas en la Fiscalía Anticorrupción” a las que hace referencia en su denuncia, cuya incorporación a esta causa solicitó en ese mismo escrito.

En esa denuncia, Galán, presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol de España (Cenafe) asegura que Rubiales y Piqué “acordaron un plan para lucrarse con 24 millones de euros” -según adelantó El Confidencial- “en contubernio y a costa de la RFEF” pues, según expone, ambos “ocultaron contumazmente la citada comisión y la disfrazaron documentalmente aparentando que el pago de producía por un tercero”. La querella expone que el presidente de la Federación “presionó a las autoridades de Riad para que abonaran al jugador del FC Barcelona hasta 24 millones de euros por disputar el torneo en ese país y trató luego de ocultar la participación del futbolista en el contrato”.

La polémica ayuda por vivienda

Transparencia y Democracia en el Deporte también denunció que Rubiales cobró 3.100 euros mensuales de la RFEF en 2020 durante al menos nueve meses como ayuda por vivienda (por el alquiler de un piso de lujo en la madrileña Plaza de España) “abusando de su situación preeminente de poder”, para lo que era condición indispensable que el dirigente federativo no tuviese casa en Madrid. La asociación denunciante hizo hincapié en que Rubiales “lleva viviendo en Madrid desde el mes de marzo de 2010, fecha en que empezó a trabajar en la sede de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), tras ser elegido su presidente y director general”.

Del mismo modo, pretende que se investigue el viaje que hizo Rubiales a Nueva York, entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2018, con la pintora mexicana Roberta Lobeira -que adelantó El Confidencial- que según la querella “camufló” como viaje de trabajo.

Según se defendió la RFEF, se trató de un viaje institucional y Rubiales estuvo acompañado por Juan Rubiales, entonces director de Gabinete de la RFEF, y Antonio Gómez Reino, director de Relaciones Institucionales, a quienes únicamente abonó el viaje la Federación. La asociación querellante pretende que ambos declaren como testigos en relación a este asunto.

La querella también hacer referencia al supuesto espionaje que habría ordenado Rubiales a una empresa de detectives, en agosto de 2019, en torno a David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, con la intención de desbancarlo del cargo.

Administración “abusiva”

Para Galán, el comportamiento denunciado se ha efectuado “con absoluto desprecio a la confianza que se le había otorgado” a Rubiales, que “ha administrado el patrimonio de la RFEF de forma abusiva, disponiendo fraudulentamente de los bienes sociales y contrayendo obligaciones a cargo de la RFEF, actuando en todo momento como presidente de la entidad y, generando beneficio propio”. Algo que, subraya, “ha derivado en un perjuicio económico para la RFEF, un detrimento efectivamente evaluable”, lo que en su opinión supone un delito de administración desleal.

En cuanto al delito de corrupción en los negocios, alude al “presunto concierto fraudulento llevado a cabo” entre Rubiales y Piqué para que el primero, en nombre de la RFEF, “contratara con una entidad de Arabia Saudí, por una cantidad inferior a la realmente pagada por la referida entidad, en perjuicio de” la Federación.

“Todos los indicios por las conductas relatadas, la trama que fueron creando y las elevadas cantidades económicas que manejaron, con las que se lucraron y empobrecieron a la RFEF”, asegura, conducen a un comportamiento presuntamente delictivo por el que ambos habrían recurrido a “todo tipo de maniobras y artimañas usando sus cargos para provocar reacciones en otras personas que les condujeran a sus objetivos”.