El Gobierno acelera con el TC: pide al Congreso aprobar su reforma legal la semana que viene

El Gobierno vivirá la semana que viene días de alto voltaje: entre el martes y el jueves, Pedro Sánchez se someterá al Debate sobre el Estado de la Nación y, durante esos mismos días, ha pedido al Congreso que se debata y se voten tres iniciativas de importante calado: la reforma legal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para renovar el Tribunal Constitucional; el decreto con las medidas “anticrisis”; y, la ley de Memoria Democrática. Todas ellas tienen un alto valor político y, por tanto, se prevén sesiones parlamentarias intensas para despedir el curso.

En concreto, la reforma de la Ley del CGPJ tiene como objetivo que el Gobierno pueda nombrar a los dos miembros del TC que le corresponden. Tal y como está establecido hasta ahora, el TC se renueva por tercios: cuatro miembros son a propuesta del Congreso, cuatro del Senado y cuatro del CGPJ y del Gobierno. Ahora mismo, Moncloa tendría que esperar a que el CGPJ se renueve (ahora está en funciones) para proponer a los dos miembros que le corresponden, pero, con esta reforma, pretende cambiarlo. Y es que esperar al CGPJ significa esperar a su propia renovación, algo que está bloqueado porque no hay acuerdo con el PP. La proposición de ley, por tanto, faculta al CGPJ a nombrar a sus dos miembros del TC pese a estar en funciones.

Los populares están muy molestos con la maniobra del PSOE porque, inicialmente, se habían mostrado predispuestos a aguardar a que los populares elaboraran una propuesta para renovar los jueces y hacer cambios que vayan en la línea que marca Europa. La línea que marca Europa pasa por diluir la intervención política y que sean los propios jueces quienes elijan a sus homólogos. Sin embargo, los socialistas no comparten esa visión y, de ahí que también hayan optado por tomar la directa y activar esta reforma legal.

Además, los socialistas han optado por una tramitación de máxima urgencia: por lectura única. Es decir, debatir y aprobarla el mismo día.

Asimismo, también se debatirá y, previsiblemente, se validará el decreto con medidas “anticrisis” del Gobierno, que está previsto que se alargue hasta el 31 de diciembre. Entre las medidas, aparece la prórroga de la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina (que se ha demostrado nada efectiva); una rebaja de los abonos en los transportes a la mitad; o, un cheque de 200 euros para determinados colectivos vulnerables.

Finalmente, también se votará el dictamen de la Ley de Memoria Democrática, que ya ha superado todos los trámites en el Congreso y el Gobierno aspira a llevar en septiembre al Senado para tenerla lista cuanto antes. Con esta norma, entre otras cosas, se prohibirá previsiblemente la Fundación Francisco Franco, una circunstancia que permitirá a Moncloa afrontar la fase final de la legislatura con armas para llevar el debate al eje ideológico ante los malos augurios que se ciernen sobre su gestión económica.