El debate acerca a los socios de Sánchez pero no habrá un «sí» gratis

El debate del estado de la nación ha conseguido acercar posturas, pero no unificar al bloque de investidura. Era en Moncloa donde la situación se volvía cada vez más inviable y esa tensión acabó contagiando a los socios del PSOE en el Congreso de los Diputados. Los morados venían advirtiendo varias semanas que el electorado no estaba entendiendo el sentido del Ejecutivo y pedía una reflexión conjunta. Mismo mensaje llega desde el Parlamento, donde los socios que dan oxígeno a Pedro Sánchez contestan con la peor de las señales: exigiendo explicaciones al propio presidente por Melilla o por el Sáhara o votando en contra de proposiciones socialistas. ERC o PNV son los que más aprietan al Gobierno, mientras desde Bildu, pese a los avisos, mantienen la unidad de voto.

Es por eso que hoy, en la segunda jornada del debate, si bien los socios sí valoraron como un «paso adelante» la mayoría de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, los mensajes de peligro se sucedieron en la Cámara Baja. Los socios no darán un cheque en blanco al Gobierno cuando deban convalidarse las medidas económicas y sociales anunciadas. Ponen la letra pequeña y harán valer sus votos. Los nacionalistas fueron, de hecho, los que con más contundencia mostraron su malestar con el Ejecutivo y mandaron un mensaje claro: «Usted no puede permitirse prescindir de nosotros», explicitó el portavoz del PNV, Aitor Esteban. Los nacionalistas llevan meses anunciando que el Ejecutivo debe contar con sus aliados para aprobar la agenda legislativa. El portavoz le afeó, por tanto, de las formas y el fondo de las medidas anunciadas y acusó al presidente de «improvisación». Llegó, incluso, a reprochar al Gobierno que «incumpliera» el pacto de investidura, por el cual Moncloa se comprometía a informar previamente de las iniciativas. «Anuncia unas medidas que no ha contrastado con sus socios parlamentarios, como si tuviera mayoría absoluta», lamentó.

En cuanto al fondo de las medidas, las consideró «desestructuradas», como una «recolección de ideas por ministerios». Sobre los impuestos a empresas energéticas y bancos, reconoció que no están en contra de que haya «temporalmente una detracción» de los beneficios extraordinarios, pero «no de cualquier forma». El PNV también criticó que se trataran de medidas «coyunturales» y no «estructurales».

El portavoz del PNV instó a Sánchez a cumplir con otros compromisos con el País Vasco como en materia de traspasos de competencias, vivienda o la nueva ley de secretos oficiales. Una última petición que tuvo su guiño inmediato. El presidente del Gobierno le concedió en su réplica el anuncio de que este mismo mes el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley de la nueva norma. Un gesto que no pasó desapercibido.

Desde Bildu, el tono fue menos bronco, –y es que el partido ha logrado tres cesiones importantes por parte del Gobierno en la ley de Memoria Democrática–pero también construyendo un camino de advertencias. Las medidas económicas fueron calificadas como «parches» por parte de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien emplazó a ir mucho más allá «en ese nuevo giro a la izquierda». Volvió a elevar el tono para reclamar a la izquierda «romper amarras» con el «régimen del 78» y «las hipotecas heredadas» de la dictadura.

Así, los socios reflejaban el valor de sus votos –con sus críticas–. Una foto que se volverá a repetir hoy cuando el Congreso vote las 150 propuestas al Gobierno. Los independentistas buscan marcar al Gobierno y retratar su postura sobre materias que ya han sido denegadas. ERC reclama a Moncloa reformar los delitos de rebelión y sedición con la vista puesta en un futuro referéndum ilegal, para que en ese caso, sus actores no se enfrenten a sanciones penales.

Piden, además, reconocer que en el referéndum del 1 de octubre «no hubo violencia por parte de la ciudadanía» e «indultar plenamente a los presos políticos catalanes», así como retirar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes «que residen en el exilio» como el expresident Carles Puigdemont. Además, piden recortar el gasto militar –a pesar de la determinación del Gobierno– y que revierta su postura en política exterior en el Sáhara Occidental. Desde Podemos añaden la condena por las muertes de inmigrantes en Melilla y Junts reclaman la autodeterminación de Cataluña y la amnistía total para todos los condenados por el referéndum de independencia.