Denuncia al monarca

La Justicia Británica no cree que Juan Carlos I forme parte del «núcleo familiar» del Rey

La corte de apelaciones permite al exjefe del Estado recurrir solo parcialmente su inmunidad en el pleito que mantiene con Corinna Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, más conocida como Corinna Larsen, a su llegada este lunes al Tribunal de Apelación británico para seguir la causa de inmunidad del rey emérito Juan Carlos I.
Corinna zu Sayn-Wittgenstein, más conocida como Corinna Larsen, a su llegada este lunes al Tribunal de Apelación británico para seguir la causa de inmunidad del rey emérito Juan Carlos I.EFETVAgencia EFE

La Corte de Apelaciones de Reino Unido hizo pública ayer una resolución en la que, si bien confirman que el Rey Juan Carlos I puede recurrir la decisión de primera instancia de retirarle por completo la inmunidad, no permiten que se revisen todos los aspectos. Su examiga Corinna Zu Sayn-Wittgenstien le acusa de acoso y hostigamiento desde 2012 hasta 2020 y el Tribunal solo deja que el monarca recurra parcialmente para esta protección judicial antes de dejar de ser jefe del Estado. La resolución deja claro que Don Juan Carlos tras su abdicación no forma parte del «núcleo familiar» («household») de Felipe VI que era uno de los ejes principales sobre los que se ha basado su defensa.

«No es concebible que el demandado sea descrito como parte de la casa del Rey en ningún sentido. No vive con su hijo (incluso ni en el mismo país), ni juega ningún papel de apoyo de su trabajo», señala la resolución con fecha de este 26 de julio. En términos muy contundentes y contrarios a los sostenidos por su abogado defensor se muestra el juez Peter Jackson: «No creo que ese argumento tenga ninguna perspectiva de éxito real». En la vista celebrada hace una semana el letrado del Rey Timothy Otty insistió mucho en el término «Casa Real» para justificar que el rol de Don Juan Carlos y apuntar que todo lo que haga sigue afectando al actual Jefe del Estado. «Eso es obviamente correcto», señala el juez inglés, pero reduce el término a una «etiqueta» «simplemente una peculiaridad de la terminología española, que no puede arrojar luz» sobre la inmunidad, explica.

Además, el togado señala que «el propio Reino de España no ha mostrado ningún interés en la cuestión de la inmunidad en este caso». Cabe recordar que ya el juez Matthew Nicklin de la instancia inferior expuso en la sentencia en la que denegaba la protección al monarca que se hubiera sentido más cómodo en su decisión si alguna autoridad española le hubiera aclarado la situación de Don Juan Carlos.

En la resolución de ayer se explica que de los cinco puntos que pretendían recurrirse podrán seguir adelante solo tres y revisan la inmunidad en base a la Ley de 1978 y a la Convención de Viena. La defensa del Rey alegó tener ambas, la primera respecto a los hechos que la empresaria alemana dice sucedieron antes de su abdicación en 2014 y la segunda para todos los demás. Para el juez Jackson es necesario una discusión profunda para ver si en los hechos descritos en la demanda se actuó de forma pública o privada y para eso hay que intentar «cirugía fina».

«Creo que el problema no es sencillo, y al final puede ser que la cuestión de la inmunidad no pueda ser debidamente resuelta (en relación con la totalidad o parte de los actos invocados) en esta etapa. Pero estoy convencido de que la cuestión merece ser examinada por el Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación», expone. Si bien, lo que parece seguro es que al menos una parte de lo que reclama Corinna Zu Sayn-Wittgenstein seguirá adelante decida lo que decida el Tribunal. «Es evidente que incluso si la demandada tiene éxito en los motivos 1, 2 y 4,esto no será fatal parala reclamación de la demandante, ya que ella alega actos de acoso ‘posteriores a la abdicación’ respecto de los cuales no puede surgir la inmunidad».

Ahora el periplo judicial de Don Juan Carlos en Londres continuará a la espera de qué decide el Tribunal de Apelaciones sobre la inmunidad en esos términos. Fuentes cercanas a la defensa explican que con toda seguridad el proceso puede alargarse hasta 2023.