La Audiencia no paraliza la expulsión del líder islámico “proyihadista” al que arropa el Parlament

La Audiencia Nacional ha hecho oídos sordos a las protestas del Parlament y se ha negado a frenar de forma cautelar la expulsión de nuestro país de los activistas Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir, acordada por Interior el pasado 14 de septiembre por poner en riesgo la seguridad nacional a la vista de una supuesta radicalización.

La Sala de lo Contencioso hace hincapié en que la resolución en la que el secretario de Estado de Seguridad acuerda su expulsión se les atribuye una supuesta participación en «actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países» o que son «contrarias al orden público». Los magistrados defienden que frente a esas peticiones de suspensión, debe en todo caso prevalecer el interés general.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso alude en su auto a que la denuncia de la Comisaría General de Información que motivó la expulsión de Said Badaoui –presidente de la Asociación en Defensa de la Comunidad Musulmana de Reus (Tarragona)– hace referencia a su «radicalismo ideológico». Y le atribuye presuntas tareas de adoctrinamiento «con difusión de postulados radicales proyihadistas», señalándolo como «uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo». Hasta el punto que «desde su llegada se ha producido un aumento del radicalismo en la región de Tarragona».

“Occidentalofobia”

La Policía, apunta el tribunal, considera que Said Badaoui –cuya detención para ser expulsado de España ha calificado el Parlament como un «caso de represión política e islamofobia por parte del Estado»– se ha centrado especialmente «en los colectivos más vulnerables y manipulables, sobre todo «menores no acompañados, principalmente de origen marroquí», a quienes habría adoctrinado «en el salafismo más radical aprovechándose de su situación de vulnerabilidad». La Policía sostiene además que tiene «vinculaciones con individuos radicales relacionados con el terrorismo» que han acentuado su «occidentalofobia».

La Sala no tiene dudas de que «han de prevalecer» los intereses de carácter general, dado que la expulsión se sustenta en la supuesta comisión de «una infracción muy grave» por «participar en actividades contrarias a la seguridad nacional».

La Audiencia no aprecia que pueda producirse un perjuicio irreparable si al final considera ilegal la expulsión (cuando se pronuncie en sentencia sobre el fondo del asunto), pues no habría «ningún obstáculo» para que Said Badaoui volviese a nuestro país.