El Gobierno presume ahora de hacer «rectificar» a Castilla y León

E l Gobierno ha entrado de lleno en campaña electoral contra el PP. Lo ha hecho como en otras ocasiones, azuzando con el miedo a Vox. Ayer, Moncloa daba por cerrada una crisis que se había iniciado tras el anuncio de los de Santiago Abascal de su plan antiaborto en la Sanidad castellanoleonesa, a pesar de que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lo desautorizó y negó.

Aun así, el Consejo de Ministros había aprobado un requerimiento de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con «cualquier actuación que vulnere o menoscabe la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (2010), o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior».

Tres días después, el Ejecutivo da por validado el acatamiento del requerimiento a la comunidad. Es decir, reconoce que el Gobierno autonómico no ha aplicado ningún protocolo al respecto. Según un comunicado oficial, el Ejecutivo deja en suspenso el conflicto con la región al entender que se ha «abstenido de adoptar y aplicar, o por haber dejado sin efecto, aquellas actuaciones materiales, protocolos, acuerdos, instrumentos o comunicaciones que, invadiendo las competencias estatales, incumplieran la normativa estatal y menoscabaran los derechos de las mujeres protegidos por nuestro ordenamiento jurídico».

Después de que todo el Gobierno saliera en tromba contra el PP y el Ejecutivo regional de Castilla y León, a pesar de que el propio Mañueco negara un protocolo de actuación, ahora Moncloa reconoce que la Junta declara en su escrito que «no se ha producido vía de hecho, ni acto táctico alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno» y, además, «tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario de la Comunidad» de Castilla y León el protocolo anunciado por Vox, que incluye la obligación a los médicos de informar a las mujeres que quieren abortar de que pueden escuchar el latido del embrión o visualizar una ecografía 4-D, con el fin único de que finalmente las gestantes decidan llevar a término su embarazo.

El hecho de que este protocolo no se haya puesto en marcha es para Moncloa una «rectificación» oficial de la intención inicialmente manifestada por el Gobierno de Castilla y León de proceder, en relación a las declaraciones del vicepresidente dicha comunidad, Juan García-Gallardo, del pasado 12 de enero, quien sí está dispuesto a día de hoy a llevar adelante ese protocolo.

Aunque el Ejecutivo confíe en la palabra de Mañueco, confiesa su «preocupación» por las declaraciones formuladas por el portavoz de la Junta, Caros Fernández, del PP, quien aseguró este jueves en rueda de prensa que las medidas anunciadas por el vicepresidente de Vox no serán obligatorias pero estarán a disposición de los médicos si deciden aplicarlas. Según aseguró, se trata de una «mejora de las prestaciones en el ámbito sanitario» que no supondrá una modificación de los protocolos. Estas declaraciones son interpretadas por Moncloa como una confirmación de que la Junta «mantiene su intención de ir más allá» de lo que establece la ley del aborto que está vigente actualmente, «en evidente contradicción con el contenido de la documentación oficial remitida». Ante la posibilidad de que se aplique el citado protocolo, el Gobierno advierte que actuará como hasta la fecha, en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres castellanoleonesas». El Ejecutivo, de hecho, se guarda aún la carta de «emprender cuantas acciones legales resulten oportunas» en el futuro para evitar este extremo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció tras conocer el aviso de Moncloa y se desmarcó de los pactos con Vox en las comunidades, los cuales son usados políticamente por Moncloa. Aseguró que, en este caso, es a Alfonso Fernández Mañueco a quien le corresponde «tomar decisiones sobre su Gobierno y sus alianzas» y pidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que esté «a la altura» y que zanje este asunto porque no se puede crear un «conflicto inexistente». Afirmó que el PP no tiene «tiempo que perder» después de que el presidente regional haya aclarado oralmente y por escrito la situación.

Del mismo modo, recordó a Sánchez que España «tiene otros conflictos» y «sería bueno» que el Ejecutivo se dedique «en primer lugar a solucionar los conflictos internos del Gobierno, a solucionar los conflictos con sus socios y a hablar de Sanidad, de mujeres y de Constitución en serio».