La Agencia Valenciana Antifraude ha remitido al juez del caso Koldo información sobre un expediente que advirtió de "irregularidades" sobre la construcción de la estación de ferrocarril de Albal. Los documentos, que ya están en manos de la Guardia Civil para su estudio, alertan de un presunto sobrecoste de un millón de euros de las obras de esta adjudicación que se originó bajo la etapa de José Blanco al frente del Ministerio de Fomento.

Según la documental remitida al Supremo y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el origen de la construcción de la estación se remontó a un protocolo de colaboración para implantar una estación de cercanías en la localidad valenciana de Albal. El mismo se firmó en mayo de 2011, siento entonces ministro de Fomento José Blanco. Ocho años después, durante la etapa de José Luis Ábalos, se firmó el convenio entre el alcalde de dicha localidad, Ramón Marí, y la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

El director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, Eduardo Beut González, explica que en el expediente se puso de manifiesto diversas irregularidades en la tramitación del convenio que implicó un pago por parte del Ayuntamiento de Albal a Adif en un importe superior al millón de euros "por encima del coste real de las obras". Lo atribuye, principalmente, al importe del contrato que se adjudicó a la empresa encargada de las obras Lantania S.L

Financiado con fondos europeos

Del mismo modo, detalla que parte de este proyecto se financió con fondos europeos y que, entre las principales irregularidades detectadas en la tramitación es que no se cumplió con lo advertido por el Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (Patricova). La trascendencia de ello, precisa, es que no se llegó a inaugurar en el plazo inicialmente previsto debido a los efectos causados por la Dana que arrasó los pueblos al sur de la ciudad de Valencia y que dejó más de 200 fallecidos.

La obra se inauguró finalmente en febrero de 2025, tras las reparaciones realizadas por la riada, aunque a fecha de finales de marzo de 2025 se encontraba pendiente de aprobar la certificación final de la obra. Esta situación ha planteado la "duda" a la Agencia Antifraude de que no se habrían cumplido los requisitos exigidos por la ley de ordenación de la edificación.

"La Agencia no ha podido analizar la forma en que se adjudicó y ejecutó la obra porque eso implicaba revisar actuaciones de responsables que exceden de su competencia subjetiva (Adif). Por esa misma razón, tampoco examinó si los modificados del contrato, que sumaron más de 800.000 euros al coste, fueron correctamente justificadas", reza el documento remitido al Tribunal Supremo en el que se acogen a la obligación que establece la ley de remitir este tipo de documentos en caso de que se vislumbre algún indicio de irregularidad.

Lantania niega irregularidades

El documento advierte de que ya en junio de 2022 se emitió un informe provisional sobre la investigación de esta adjudicación que alertó de la existencia de "conductas, hechos u omisiones que podrían presentar caracteres de irregularidades administrativas graves". En concreto puso el foco en la tramitación y financiación del convenio con Adif.

Entre dichas irregularidades incluyeron la falta de competencia del Ayuntamiento de Albal para asumir los compromisos adquiridos, la falta de crédito necesario para la obra y la ausencia de fiscalización por parte de la intervención municipal. "Dichas irregularidades administrativas graves implican vicios de nulidad por haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", reza el informe.

A todo ello añaden que se formalizó el convenio sin la firma del funcionario y sin el asesoramiento legal preceptivo y que además, no se han encontrado informes técnicos, jurídicos y económicos que justifiquen la adjudicación. Al respecto alerta que el convenio firmado determinó que el coste de la obra ascendería a 3,3 millones de euros, sin contar el coste de las licencias e impuestos, ni del mantenimiento futuro de las instalaciones o las posibles variaciones que pudieran surgir.

Sobre ello conviene mencionar un informe de marzo de 2021, elaborado a requerimiento expreso de la Agencia Valenciana Antifraude, según el cual en el momento de la firma del convenio no existía consignación presupuestaria adecuada y suficiente en los gastos del presupuesto del consistorio.

Fuentes de este grupo de infraestructuras niegan irregularidad alguna y sostienen que nada de lo advertido por Antifraude tiene que ver con esta empresa. Según indican, ganaron el concurso por valoración objetiva, recibiendo la cuarta mejor valoración técnica y la mejor oferta económica de todas las presentadas. En lo que respecta a la valoración subjetiva, determinan que tenía a tres licitadores por delante.